La asociación HazteOír ha presentado una denuncia formal ante las principales instituciones de la Unión Europea por lo que considera una "negligente gestión" del apagón eléctrico que afectó a gran parte de España el pasado 28 de abril. El escrito ha sido remitido al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea y a la Dirección General de Energía, y señala una supuesta vulneración de las normas europeas sobre seguridad del suministro, transición energética y derechos fundamentales.
Críticas a la falta de previsión y transparencia
En su denuncia, HazteOír sostiene que el apagón no fue un evento imprevisible, sino la consecuencia de "una planificación energética temeraria" y de una "transición ideologizada sin respaldo técnico suficiente". La organización cuestiona el abandono progresivo de fuentes de energía firme, como la nuclear, en favor de un sistema casi exclusivo de renovables sin garantías de estabilidad técnica suficientes.
El documento denuncia también el "silencio institucional" y la falta de explicaciones técnicas tras el incidente, al tiempo que critica que el Gobierno no haya asumido ninguna responsabilidad pese a las consecuencias del colapso.
Consecuencias humanas y fallos en servicios esenciales
Según HazteOír, el apagón habría provocado al menos ocho muertes relacionadas con fallos en el suministro eléctrico en hospitales y residencias, además de haber puesto en peligro la vida de decenas de pacientes en UCI, operaciones suspendidas, personas atrapadas en ascensores y el colapso del sistema 112 en varias comunidades.
"Estamos ante un fallo sistémico que afecta al conjunto de derechos fundamentales reconocidos por la UE: integridad física, salud, asistencia y protección frente a situaciones extremas", señala el escrito.
Acusaciones de omisión técnica y petición de medidas urgentes
HazteOír argumenta que existían informes técnicos previos que advertían del riesgo de fallos en cascada por falta de inercia en la red y ausencia de respaldo firme. Se menciona el informe de E&Y para Red Eléctrica de España fechado en febrero, que ya alertaba sobre el impacto de cerrar centrales nucleares sin medidas compensatorias.
La organización exige a la Comisión Europea que inicie un procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de los artículos 2 y 3.3 del Tratado de la Unión Europea, así como de los artículos 191 y 194 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Pide también una auditoría independiente, la suspensión del calendario de cierre de centrales nucleares y la eliminación de impuestos que graven esta tecnología.
Una demanda política con implicaciones técnicas
La denuncia ha abierto un nuevo frente político en el contexto de la transición energética. Mientras el Gobierno defiende el avance hacia un modelo 100% renovable, asociaciones como HazteOír alertan de que este camino debe acompañarse de realismo técnico, garantías operativas y protección efectiva de los ciudadanos en situaciones de emergencia.
El apagón del 28 de abril ha dejado al descubierto vulnerabilidades estructurales que, según la organización denunciante, no han sido corregidas pese a las advertencias de los últimos años. Ahora, la UE podría abrir una investigación para determinar si España ha incumplido sus obligaciones en materia de seguridad energética.
