Los vecinos de la Cañada Real han vuelto a alzar la voz este domingo con una nueva manifestación que reclama "luz, contratos de suministro básicos y el fin de los derribos y vertidos ilegales" en este asentamiento del sureste madrileño, donde viven más de 8.000 personas repartidas entre los municipios de Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid.
La protesta, convocada por diversas asociaciones vecinales, parte de dos marchas simultáneas que confluirán a mediodía frente al colegio Mario Benedetti, desde donde los manifestantes se dirigirán a la sede del Ayuntamiento. El acto, aseguran, pretende visibilizar una situación de exclusión que se prolonga desde hace años y que, lejos de solucionarse, se agrava.
Más de cuatro años sin luz en sectores enteros
Según cifras actualizadas por la Plataforma Cívica Luz para Cañada, al menos 4.500 personas siguen sin suministro eléctrico desde octubre de 2020, cuando se instalaron limitadores en las líneas eléctricas en los sectores 5 y 6 para frenar plantaciones ilegales. Desde entonces, el corte ha sido total en el sector 6, el más poblado, afectando especialmente a familias con niños, personas mayores y enfermos crónicos.
“La situación es insostenible”, denuncian desde la Asociación Vecinal Barrio Unido Sector 4. “No podemos vivir sin luz, sin agua, sin transporte ni servicios públicos. Esto es una violación de derechos humanos en plena Comunidad de Madrid”.
Condiciones indignas y desigualdad entre sectores
Las asociaciones convocantes —entre ellas también el Grupo de Afectados Zona Sin Asfaltar del Sector 6— lamentan que mientras el sector 1 ya ha sido prácticamente integrado en Coslada y el sector 2 dispone de contratos de agua y luz, los sectores más habitados y vulnerables siguen privados de servicios esenciales.
Entre las carencias denunciadas figuran la falta de transporte público, la inexistencia de alumbrado nocturno, la ausencia de recogida postal y la inexistencia de equipamientos básicos como centros de salud o bibliotecas.
Condena europea y exigencia de soluciones
Las asociaciones recuerdan que, el pasado febrero, el Comité Europeo de Derechos Sociales —organismo dependiente del Consejo de Europa— condenó al Estado español por los cortes de luz en la Cañada Real, declarando que el acceso a una vivienda digna, la salud y la educación no pueden garantizarse sin suministro eléctrico adecuado.
A pesar de este fallo, los vecinos denuncian que la situación no ha mejorado y que las administraciones siguen sin dar respuestas eficaces. Además, temen nuevos realojos forzosos, cuando muchos vecinos afirman querer permanecer en sus hogares, con condiciones dignas.
“Llevamos años reclamando lo mismo. No queremos ser expulsados. Queremos luz, servicios y dignidad. Es hora de que nos vean y nos escuchen”, reclamó María López, portavoz de la plataforma por la luz.
