En una intervención pública este viernes en Madrid, Montero ha subrayado que el derecho a una vivienda digna no debe limitarse a una declaración general de principios, sino que debe contar con recursos jurídicos efectivos que permitan a quienes se sientan afectados por vulneraciones de este derecho acudir a la justicia para defenderlo.
La titular de Hacienda ha expresado que garantizar el acceso a una vivienda digna y accesible forma parte integral del Estado del Bienestar y que su protección jurídica debería ir más allá de la retórica política para convertirse en un derecho subjetivo que se pueda hacer valer ante los tribunales.
Montero ha vinculado esta idea a la labor del Ejecutivo para reforzar las políticas públicas de vivienda y ha defendido la necesidad de ampliar las herramientas legales disponibles para proteger este derecho, especialmente en un contexto donde numerosas familias siguen enfrentando dificultades para acceder a un hogar que cumpla estándares básicos de dignidad y accesibilidad.
La propuesta busca responder a una demanda social creciente sobre la protección del acceso a la vivienda en España y se enmarca en el debate más amplio sobre cómo asegurar que los derechos sociales, establecidos en la Constitución, se traduzcan en garantías reales y exigibles legalmente para la ciudadanía.
