Madrid lleva al Supremo el Plan de Vivienda del Gobierno por limitar la autonomía regional
El Ejecutivo autonómico sostiene que la norma supone una invasión de competencias en materia de vivienda, restringe la autonomía de las comunidades autónomas y les impone nuevas obligaciones económicas para desarrollar las medidas contempladas en el programa estatal.
El recurso, formalizado por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, cuestiona varios aspectos del plan, entre ellos la financiación exigida a las regiones, la regulación de las viviendas protegidas y la fijación de criterios homogéneos para todo el territorio nacional.
Madrid cuestiona el aumento de la financiación exigida a las autonomías
Uno de los principales argumentos del recurso se centra en el incremento de la aportación económica que deberán realizar las comunidades autónomas para ejecutar las políticas incluidas en el Plan Estatal de Vivienda.
Según sostiene el Gobierno regional, el nuevo modelo multiplica las obligaciones financieras respecto al programa anterior y traslada a las autonomías una carga presupuestaria adicional sin que haya existido una negociación efectiva sobre las condiciones de financiación.
La Comunidad de Madrid asegura que, en su caso, la aportación requerida se quintuplica en comparación con el plan precedente.
Además, el recurso hace referencia al dictamen emitido por el Consejo de Estado, que advirtió de que la obligación de cofinanciación podría afectar a la autonomía financiera de las comunidades autónomas al limitar su capacidad para decidir el destino de sus recursos presupuestarios.
Críticas por la falta de consenso en la elaboración del plan
El Ejecutivo madrileño también reprocha al Gobierno central la falta de diálogo institucional durante la elaboración de la norma.
Según la Comunidad de Madrid, la versión definitiva del plan fue aprobada por el Consejo de Ministros sin incorporar las alegaciones presentadas por varias autonomías y sin alcanzar un consenso previo con los gobiernos regionales.
A juicio del Ejecutivo autonómico, esta forma de proceder dificulta la planificación de las políticas públicas de vivienda y puede retrasar la puesta en marcha de medidas destinadas a facilitar el acceso a una vivienda asequible.
La protección permanente de viviendas, otro de los puntos en disputa
Otro de los aspectos recurridos es la obligación de establecer un régimen de protección permanente para determinadas viviendas que hayan recibido ayudas públicas.
La Comunidad de Madrid considera que esta exigencia excede las competencias estatales y recuerda que el Tribunal Constitucional ya ha advertido en anteriores resoluciones sobre los límites de la intervención estatal en esta materia.
El Gobierno regional sostiene que la aplicación de esta medida podría obligar a modificar normativas autonómicas ya consolidadas y generar inseguridad jurídica en el desarrollo de futuras promociones de vivienda protegida.
Rechazo a los criterios uniformes para todas las comunidades
El recurso también cuestiona que el Plan Estatal de Vivienda establezca programas homogéneos y criterios comunes para todas las regiones.
La Comunidad de Madrid defiende que cada autonomía debe disponer de margen suficiente para adaptar sus políticas de vivienda a las características sociales, económicas y demográficas de su territorio.
Asimismo, rechaza que la recepción de fondos estatales quede condicionada al cumplimiento de determinados requisitos relacionados con la publicidad institucional, el intercambio de información administrativa o la organización de actos públicos, al considerar que estas exigencias son ajenas al objetivo principal del plan.
La Comunidad de Madrid pide un modelo basado en la cooperación institucional
El Ejecutivo regional concluye que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 se ha diseñado desde un modelo basado en la imposición de condiciones a las comunidades autónomas en lugar de fomentar la cooperación entre administraciones.
Por ello, solicita al Tribunal Supremo que analice la legalidad de los aspectos recurridos y determine si las medidas contempladas respetan el reparto competencial establecido en el ordenamiento jurídico español.