La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha solicitado que, en el caso de que Begoña Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, sean condenadas por un delito de malversación, ambas indemnicen de forma solidaria a la institución académica con 113.509,32 euros en concepto de responsabilidad civil.
La petición figura en el escrito de conclusiones presentado por la universidad de cara al próximo juicio con jurado que se celebrará en la Audiencia de Madrid, en el que se abordarán los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.
La cuantía corresponde al desarrollo del 'software'
La cantidad reclamada por la UCM corresponde, según expone en su escrito, al coste del desarrollo del 'software' elaborado en el seno de la Cátedra de Transformación Social y Competitiva, dirigida por Begoña Gómez.
De acuerdo con la instrucción judicial citada en el procedimiento, ese desarrollo tecnológico habría sido destinado a fines privados.
La universidad ejerce la acción civil como perjudicada
La Universidad Complutense, que interviene en el procedimiento ejerciendo la acción civil como parte perjudicada, no limita su petición a la reclamación económica.
La institución académica solicita además que, en caso de condena, le sea restituida la titularidad y el control del 'software'.
Solicita recuperar todos los activos vinculados al proyecto
En su escrito, la universidad también reclama la restitución de todos los elementos relacionados con el desarrollo tecnológico.
La petición incluye los soportes, dominios, accesos, credenciales, archivos, documentación técnica, códigos fuente, registros, marcas, derechos de explotación y cualquier otro activo material o inmaterial vinculado al 'software' que pueda encontrarse en poder de las personas que resulten condenadas.
La UCM asume los argumentos de la Audiencia Provincial a efectos civiles
En el ámbito de la responsabilidad civil, la Universidad Complutense hace suyos los argumentos recogidos por la Audiencia Provincial de Madrid respecto a los indicios analizados durante la instrucción.
Según esos argumentos, Begoña Gómez, en su condición de codirectora de la cátedra y gestora de sus recursos, habría desviado el 'software' desarrollado con fondos y recursos públicos hacia su esfera de disposición exclusiva.
La asesora figura como presunta colaboradora necesaria
El escrito presentado por la universidad añade que Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, sería presuntamente colaboradora necesaria en los hechos a los que se refiere la acción civil ejercida por la institución.
Con estas conclusiones, la Universidad Complutense mantiene su reclamación de responsabilidad civil dentro del procedimiento judicial que será enjuiciado por un tribunal del jurado en la Audiencia de Madrid, solicitando tanto la indemnización económica como la recuperación de la titularidad y control del 'software' desarrollado en el marco de la cátedra.
