El Tribunal Supremo tiene previsto juzgar en abril al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su antiguo asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades cometidas en la compra de mascarillas durante la pandemia de la covid 19, en un procedimiento que sitúa en el banquillo a uno de los casos más sensibles de contratación pública de la crisis sanitaria.
Antes del juicio, la Sala de lo Penal celebrará el 6 de febrero a las 10.00 horas una audiencia específica para escuchar las cuestiones preliminares planteadas por las defensas. Solo si estas alegaciones no prosperan, el tribunal fijará definitivamente la vista oral en el mes de abril, en una fecha aún por concretar. Esta fase previa será determinante para perfilar el alcance del proceso y las pruebas que finalmente se practicarán.
La Fiscalía sostiene una acusación muy severa. Solicita 24 años de prisión para Ábalos, al que atribuye un papel central en la trama; 19 años y medio para Koldo García, al que señala como intermediario clave; y siete años de cárcel para Aldama, al que considera beneficiario de las operaciones investigadas. Las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, elevan aún más el listón y reclaman 30 años de prisión tanto para el exministro como para su exasesor, mientras que para el empresario mantienen la misma petición que el Ministerio Público.
El juicio estará presidido por el máximo órgano penal del Supremo. Formarán parte del tribunal el presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, junto a los magistrados Manuel Marchena, Andrés Palomo, Ana Ferrer, Eduardo de Porres, Julián Sánchez Melgar y Javier Hernández. Se trata de una composición de especial relevancia institucional, dada la condición de aforado de Ábalos en el momento de los hechos.
La causa parte de la instrucción dirigida por el magistrado Leopoldo Puente, que decidió procesar a los tres investigados al apreciar indicios de que “se concertaron” para aprovechar la posición y la influencia del entonces ministro con el fin de obtener beneficios económicos a través de contratos públicos de emergencia. Según la providencia judicial, los acusados habrían actuado coordinadamente para canalizar adjudicaciones y oportunidades de negocio vinculadas a la compra de material sanitario.
El caso se centra en contratos de mascarillas adjudicados en los momentos más críticos de la pandemia, cuando la Administración activó procedimientos de contratación de urgencia para abastecer a hospitales y servicios esenciales. La investigación cuestiona si esa situación excepcional fue utilizada para favorecer intereses particulares en detrimento de los principios de transparencia y concurrencia pública.
El Supremo deberá determinar si existió un entramado organizado para influir en la adjudicación de contratos y si las conductas imputadas encajan en delitos como prevaricación, malversación, tráfico de influencias o pertenencia a organización criminal, entre otros extremos que se dilucidarán en el juicio.
