Tribunales
Zapatero, imputado por el 'caso Plus Ultra'
Un contratiempo de salud obliga a reajustar el calendario de la investigación parlamentaria en la Cámara Alta. La comisión del ‘caso SEPI’ del Senado ha acordado suspender y aplazar la declaración testifical del perito judicial cuyo informe económico cuestiona la legalidad del rescate público a Plus Ultra, tras concluir que la aerolínea ya arrastraba un riesgo severo de insolvencia antes de recibir un préstamo de 53 millones de euros por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el año 2021.
Según informaron fuentes parlamentarias de la Cámara Alta a Servimedia, el experto remitió un parte médico oficial ante la mesa de la comisión, presidida por la senadora popular Ana Beltrán, en el que comunicaba la existencia de una indisposición física que le impedía comparecer de forma presencial hoy a las 11:00 horas, el horario originalmente programado para su interrogatorio.
Las "dudas más que razonables" sobre la ayuda de 53 millones
El compareciente cuyo testimonio ha quedado pospuesto es Pedro Martín Molina, presidente y socio fundador del despacho profesional Martín Molina Abogados y Economistas. Este especialista fue el encargado de confeccionar el informe pericial clave sobre la salud financiera de Plus Ultra para el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, órgano que incoó las diligencias iniciales de la causa penal antes de que el procedimiento fuera derivado por competencia al magistrado José Luis Calama, titular en la Audiencia Nacional.
El dictamen técnico de Martín Molina ponía de manifiesto la existencia de "dudas más que razonables" sobre si la compañía de transportes cumplía realmente con las exigencias legales fijadas por la normativa para ser beneficiaria de la inyección económica estatal. Entre los elementos contables que despertaron las alarmas del perito se encontraban la inclusión en los balances de un préstamo participativo, la falta de registro de provisiones de carácter obligatorio para cubrir contingencias financieras futuras, la fórmula empleada para la cancelación de la deuda con los bonistas y la constatación material de un escenario de insolvencia técnica previa.
Herramientas de maquillaje contable e ingresos bajo sospecha
De acuerdo con las conclusiones del perito, Plus Ultra habría recurrido de forma sistemática a diversas herramientas de ingeniería contable con la finalidad de maquillar su situación patrimonial real y evitar así que sus estados financieros oficiales reflejaran unas pérdidas que habrían obligado por ley a la disolución inmediata de la mercantil. Todos estos extremos técnicos han sido incorporados de forma explícita al auto judicial dictado este pasado lunes 18 de mayo por el juez Calama, resolución mediante la cual se ha formalizado la imputación penal en la causa del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Asimismo, el dictamen pericial suspendido este jueves ponía el foco sobre el destino final de los fondos, detectando una serie de desembolsos millonarios ejecutados por la aerolínea con posterioridad a la recepción del dinero público de la SEPI. Los destinatarios de dichos pagos eran sociedades mercantiles que no figuraban previamente en los registros contables de la firma y cuyo objeto social no guardaba vinculación alguna con el sector aeronáutico. Las sospechas se vieron reforzadas por el uso de una entidad bancaria radicada en Panamá para canalizar una de las principales líneas de crédito bajo sospecha.
Haciendo suyas de forma íntegra las tesis del perito, el magistrado de la Audiencia Nacional ha dejado constancia en su auto de esta semana de que Plus Ultra se encontraba en una situación de "quiebra técnica" estructural desde hacía más de un año antes de la adjudicación de la subvención, operando con fondos propios en terreno negativo y careciendo de capacidad real para afrontar sus obligaciones de pago con terceros, lo que la inhabilitaba legalmente para acceder al fondo extraordinario de rescate empresarial.
