El Congreso de Magistrados Europeos por las Libertades y Democracia (Medel) ha expresado su preocupación por las consecuencias que puede tener la nueva regulación migratoria de la Unión Europea sobre mujeres y menores migrantes, al considerar que se enfrentan a una "doble frontera" que se suma a las dificultades propias de cualquier proceso migratorio.
Las conclusiones se han dado a conocer al término del encuentro internacional celebrado en la Universidad de Deusto, en Bilbao, en el que han participado alrededor de un centenar de integrantes de la judicatura, fiscalía y profesorado universitario de distintos países europeos.
Debate sobre el nuevo Pacto de Migración y Asilo
El congreso ha abordado los desafíos que plantean para los derechos humanos y el Estado de derecho las políticas migratorias de la Unión Europea y el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, que ha entrado en vigor esta misma semana.
La convocatoria ha sido impulsada por las asociaciones españolas integradas en Medel, Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, con el patrocinio del departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya.
La inauguración ha contado con la participación de la diputada foral Teresa Laespada y de la presidenta de Medel, la fiscal italiana María Rosaria Guglielmi.
Preocupación por los derechos de mujeres y menores migrantes
Entre las principales conclusiones alcanzadas durante el encuentro, los participantes han señalado que la nueva normativa puede afectar de manera especial a los derechos humanos de las personas migrantes, particularmente de mujeres y menores de edad.
Los magistrados han advertido de que la posibilidad de repatriar a migrantes a terceros países con los que no mantienen ningún vínculo podría entrar en conflicto con los convenios internacionales suscritos por los Estados miembros de la Unión Europea.
Críticas a la nueva regulación migratoria
Numerosos ponentes y asistentes han mostrado una posición crítica hacia la nueva regulación migratoria europea, que consideran una regresión en las políticas de respeto a los derechos humanos, los tratados internacionales y las garantías básicas que, según sostienen, deben proteger a todas las personas con independencia de su procedencia o situación.
Asimismo, han apuntado que en el futuro podrían plantearse cuestiones prejudiciales sobre la aplicación de la nueva normativa si se entiende que no se ajusta al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ni a las garantías de protección de los derechos humanos recogidas en el acervo jurídico comunitario.
