El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha acordado el bloqueo de 490.780 euros en las cuentas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero dentro de la investigación sobre una presunta red de tráfico de influencias vinculada al caso Plus Ultra.
La medida responde a la necesidad de asegurar una eventual responsabilidad civil, según fuentes jurídicas, y se enmarca en una pieza separada abierta dentro del procedimiento, algo habitual en este tipo de causas.
Bloqueo de fondos para garantizar responsabilidades futuras
El magistrado ha fijado el bloqueo hasta el límite de 490.780 euros, cantidad que, según la investigación, correspondería a los ingresos que Zapatero habría recibido entre 2020 y 2025 de la consultora Análisis Relevante, una de las empresas clave en la causa.
La decisión ha sido adoptada tras una petición de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y cuenta con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, que apoyan la adopción de esta medida cautelar.
Según las pesquisas, Análisis Relevante habría actuado como empresa instrumental para canalizar fondos procedentes de distintas sociedades, en un periodo que coincide con gestiones presuntamente dirigidas a influir en la concesión de ayudas públicas a la aerolínea Plus Ultra.
Una investigación centrada en presunto tráfico de influencias
El juez investiga a Zapatero por su supuesto papel como “líder” de una red de tráfico de influencias que habría operado en favor de terceros, especialmente en el contexto del préstamo de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra en 2021.
De acuerdo con la tesis judicial, los beneficios económicos derivados de estas actuaciones habrían sido canalizados hacia el expresidente y su entorno a través de un entramado de empresas, algunas de ellas sin actividad real.
La investigación recoge que Análisis Relevante recibió más de 941.000 euros de distintas sociedades, transfiriendo posteriormente cantidades relevantes tanto a Zapatero como a otras entidades vinculadas a su entorno.
Detalle de los ingresos investigados
En concreto, la documentación judicial señala que entre marzo de 2021 y junio de 2025 una cuenta compartida entre Zapatero y su esposa recibió 445.200 euros, a los que se suman otros 29.680 euros correspondientes a transferencias realizadas en 2020.
La suma de estas cantidades alcanza los 490.780 euros que ahora han sido bloqueados por orden judicial.
Por su parte, Zapatero ha defendido públicamente que “jamás” ha realizado gestiones ante ninguna administración pública relacionadas con el rescate de Plus Ultra, asegurando que los ingresos percibidos corresponden a trabajos facturados y declarados fiscalmente.
Declaración prevista y posibles medidas cautelares
El expresidente fue citado a declarar como investigado el próximo 2 de junio, aunque su abogado estudia solicitar un aplazamiento debido a la complejidad de la causa.
Este posible retraso podría abrir la puerta a que las acusaciones populares soliciten medidas cautelares adicionales, como la retirada del pasaporte, la prohibición de salida de España o incluso la prisión provisional.
Algunas de estas peticiones ya han sido anunciadas por organizaciones como Hazte Oír, Manos Limpias o Iustitia Europa, que alegan riesgo de fuga o de destrucción de pruebas.
Investigación sobre una red de movimientos económicos internacionales
La Audiencia Nacional mantiene abierta la investigación sobre una posible red de transferencias económicas entre empresas venezolanas y sociedades radicadas en España, en la que aparecen vinculadas distintas personas del entorno del expresidente.
Los investigadores analizan si existió una estructura organizada para canalizar fondos mediante contratos presuntamente simulados o servicios cuya actividad no ha sido acreditada plenamente.
Entre los nombres que figuran en la causa destaca el del empresario venezolano Francisco Flores, relacionado con el chavismo y fallecido recientemente, cuya posible vinculación añade nuevas incógnitas a un procedimiento que continúa avanzando bajo secreto parcial.
La causa sigue abierta y centrada en determinar si existió un entramado destinado a influir en decisiones públicas mediante beneficios económicos, mientras se desarrollan nuevas diligencias y se acerca la fecha clave de la declaración judicial del expresidente.
