Las actuaciones han permitido además desarticular dos organizaciones criminales, clausurar dos prostíbulos y liberar a varias víctimas, entre ellas una menor de 15 años.
Según informó este lunes la Policía en un comunicado, dos de los arrestados han ingresado en prisión provisional acusados de delitos relacionados con trata de seres humanos, prostitución, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Captadas en el extranjero bajo falsas promesas laborales
La primera investigación arrancó en octubre de 2025 tras la denuncia de una mujer que aseguró haber sido trasladada a España desde su país de origen para ejercer la prostitución.
De acuerdo con la investigación policial, las víctimas eran captadas en el extranjero mediante falsas ofertas de trabajo y trasladadas posteriormente a Madrid, donde contraían una deuda de hasta 10.000 euros que debían saldar ejerciendo la prostitución.
Los agentes descubrieron que las mujeres vivían sometidas a un férreo control dentro de los pisos utilizados como prostíbulos. No podían abandonar libremente las viviendas, estaban sometidas a normas estrictas y eran vigiladas de forma permanente mediante cámaras instaladas en el interior de los inmuebles.
La organización utilizaba además amenazas y prácticas relacionadas con la santería para intimidar a las víctimas y mantenerlas bajo control psicológico.
Una menor obligada a atender hasta 100 llamadas diarias
Entre las personas liberadas se encontraba una menor de 15 años que, además de ser explotada sexualmente, era obligada a gestionar las citas de los clientes.
Según las pesquisas, la adolescente manejaba cuatro teléfonos móviles desde los que informaba sobre precios, formas de pago y servicios sexuales, pudiendo recibir hasta 100 llamadas diarias.
La operación culminó el pasado mes de abril con registros en dos domicilios de Madrid y la detención de tres personas, dos de ellas en la capital y una tercera en Alicante. En esta actuación fueron liberadas cuatro víctimas.
Prostitución sin protección y consumo de drogas
La Policía sostiene que las mujeres eran obligadas a mantener relaciones sexuales sin preservativo y, en algunos casos, forzadas a consumir sustancias estupefacientes.
Las investigaciones apuntan además a que algunas víctimas contrajeron enfermedades de transmisión sexual que requerirán tratamientos médicos permanentes.
En otra de las operaciones desarrolladas en Madrid, los agentes rescataron a cuatro mujeres más que habían sido captadas igualmente en el extranjero aprovechando la situación de precariedad económica que sufrían en sus países de origen.
Una vez en España, las víctimas eran obligadas a trabajar todos los días de la semana bajo horarios marcados por la demanda de clientes.
Multas de 100 euros incluso por enfermedad
La organización imponía un sistema de multas a las mujeres explotadas. Según detalló la Policía, las víctimas debían pagar sanciones de hasta 100 euros si llegaban tarde, no acudían a trabajar o enfermaban.
Las investigaciones también revelan que las mujeres no podían rechazar determinadas prácticas sexuales ni negarse a prestar servicios sin protección.
En algunos casos, las víctimas quedaron embarazadas y, según las pesquisas policiales, eran obligadas a utilizar píldoras abortivas.
Amenazas para impedir que abandonaran la red
Otra de las víctimas denunció haber sido captada a través de una página web de contactos. Según su relato, un hombre utilizó fotografías íntimas enviadas por ella para controlar posteriormente su actividad y gestionar la agenda de clientes mediante aplicaciones de mensajería.
La actividad se desarrollaba en tres pisos de Madrid donde las mujeres trabajaban jornadas de hasta 12 horas diarias.
Cuando alguna intentaba abandonar la red, era amenazada con revelar a familiares y conocidos la actividad a la que había sido obligada.
La última fase de la operación concluyó con nuevos registros policiales y la liberación de otras tres víctimas, dos de ellas en situación irregular en España.
La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para determinar si existen más personas implicadas en las redes desarticuladas y localizar a posibles nuevas víctimas de explotación sexual.
