La polémica por la ubicación del nuevo cantón de limpieza del noroeste de Madrid, promovido por el Ayuntamiento de la capital, sigue creciendo. Vecinos del barrio de Montecarmelo, apoyados por asociaciones vecinales y plataformas ciudadanas, han denunciado este lunes lo que denominan “la negociación de la motosierra” del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, tras el inicio de los trabajos de tala de árboles en la zona donde se proyecta la infraestructura.
La Asociación Vecinal de Montecarmelo y la Plataforma de Afectados por el Cantón han emitido un comunicado en el que acusan al equipo municipal de actuar sin transparencia y sin respetar el consenso ciudadano. Los colectivos recuerdan que el Ayuntamiento pidió previamente acuerdo vecinal y de los grupos de la oposición, algo que, aseguran, ya han conseguido, así como una alternativa viable en una parcela industrial a solo dos kilómetros de distancia.
“El diálogo del que presume nuestro alcalde es el de la mentira y la motosierra”, ha expresado Charo del Campo, presidenta de la Asociación Vecinal de Montecarmelo.
Los trabajos de tala comenzaron la semana pasada en un área colindante al Parque Natural de la Cuenca Alta del Manzanares, un espacio protegido por la Unesco a apenas 150 metros del enclave. Los vecinos alertan de que se trata de un “tesoro verde” de Madrid que se pretende sustituir por una macrobase industrial que acogerá camiones y trasvase de residuos durante las 24 horas del día.
Un conflicto ambiental con impacto social
La infraestructura proyectada por el Ayuntamiento afectaría directamente a 4.200 menores que acuden a colegios y guarderías próximas, según los denunciantes. Además, el movimiento vecinal ha reunido ya más de 14.000 firmas contra el proyecto.
Pese a las declaraciones del alcalde asegurando que los trabajos no suponen una ejecución inmediata del cantón, los vecinos denuncian que durante la tala se han visto a operarios con el "Estudio de la vegetación afectada por la construcción del cantón de limpieza de Montecarmelo. Fuencarral-El Pardo", elaborado por encargo municipal. Dicho informe incluye, según sus autores, la tala de más de un centenar de árboles.
“Su equipo nos echó hace un año de una reunión y nunca más se supo. No les importa nuestro patrimonio verde ni nuestros hijos”, ha señalado Paco Arranz, portavoz de la Plataforma de Afectados.
Incumplimientos legales y respuesta ciudadana
Otro punto crítico es el incumplimiento del calendario legal de trasplantes y talas, que según la normativa ambiental debe realizarse entre octubre y marzo. “Estamos en plena primavera, cuando la savia circula con más fuerza y las aves están anidando”, subrayan los colectivos.
La respuesta vecinal ha incluido actos simbólicos como la colocación de cruces en el terreno donde se pretende levantar el cantón, en señal de protesta por “la muerte de la protección a la infancia y a la naturaleza”. También se han producido acciones de desobediencia civil, con vecinas encadenadas a los árboles y una fuerte presencia policial para garantizar la continuidad de los trabajos.
Una solución viable ignorada
Las asociaciones recuerdan que han propuesto una localización alternativa en suelo industrial a tan solo dos kilómetros del actual paraje afectado, que permitiría el desarrollo del proyecto sin perjuicio medioambiental ni social. Sin embargo, lamentan que el Ayuntamiento “no ha mostrado interés real por explorar esta opción”.
