La Comunidad de Madrid ha reclamado al Gobierno central la activación “inmediata” de la devolución de 110 menores migrantes no acompañados para que puedan regresar con sus familias y su entorno social, al considerar que esta medida responde al interés superior del menor.
El Ejecutivo autonómico ha advertido de que, en caso de persistir la inactividad o una negativa injustificada, se reserva el derecho a emprender acciones legales contra la Administración General del Estado.
Expedientes pendientes y críticas por falta de actuación
La presidenta de la Comisión de Protección a la Infancia y la Adolescencia, Silvia Valmaña, remitirá un escrito a la Delegación del Gobierno para recordar que existen 110 expedientes pendientes de activar en procedimientos de reunificación familiar.
Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales han denunciado que “no consta la iniciación de ningún procedimiento de repatriación” por parte del Gobierno central hasta la fecha.
Además, han subrayado que 40 de los menores afectados ya han alcanzado la mayoría de edad sin que se haya iniciado ningún trámite, lo que refuerza las críticas a la gestión del proceso.
Marco legal y criterio de protección
El órgano autonómico considera que el retorno con las familias es la opción más adecuada, amparándose en el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 y su normativa de desarrollo, que regula las actuaciones en materia de extranjería y protección de menores.
El informe sobre esta situación será presentado en el Consejo de Gobierno por la consejera Ana Dávila, quien ha insistido en la necesidad de que el Ejecutivo central cumpla con sus obligaciones legales.
Denuncias por “falsos menores” y uso indebido de recursos
En paralelo, la Comunidad ha presentado 16 denuncias contra supuestos “falsos menores” por un presunto delito de estafa agravada, al considerar que se han beneficiado de forma indebida de recursos públicos destinados a la protección de menores.
Estas actuaciones se suman a otras denuncias previas y a la detención de varias personas que, tras identificarse como menores, resultaron ser adultos. Según el Ejecutivo autonómico, estos casos constituyen una infracción de la Ley de Extranjería y un posible fraude de ley.
Desde la Consejería han señalado que este tipo de prácticas se repite desde 2025 y han advertido de que podrían estar vinculadas a redes que aprovechan el sistema de protección, motivo por el cual aseguran que actuarán “de manera inmediata”.
Advertencia de acciones legales si no hay respuesta
La Comunidad de Madrid insiste en que la situación requiere una respuesta urgente y advierte de que, si no se producen avances, acudirá a los tribunales para exigir el cumplimiento de las competencias del Estado.
El conflicto abre un nuevo frente entre administraciones en torno a la gestión de menores migrantes, con el foco puesto tanto en la protección de los afectados como en el uso de los recursos públicos.
