JUCIL, asociación profesional de la Guardia Civil, ha reclamado una actuación inmediata del Gobierno de España y ha exigido responsabilidades políticas al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa por la situación que, según la organización, se está viviendo en Ceuta.
La asociación califica el escenario actual como una "invasión orquestada" y sostiene que la ciudad atraviesa una crisis de seguridad y humanitaria sin precedentes, denunciando lo que considera un abandono de la ciudadanía ceutí y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Según JUCIL, más de 5.000 personas han entrado en la ciudad, una situación que, afirma, ha desbordado la capacidad operativa de la Guardia Civil.
La asociación pide la declaración de emergencia nacional
Ante este escenario, JUCIL considera imprescindible activar la declaración de emergencia nacional al amparo de la normativa de Seguridad Nacional.
La organización sostiene que, mientras Marruecos permite el paso de personas de forma indiscriminada, los militares permanecen en los cuarteles y la mayor parte de la contención recae sobre la Guardia Civil, con intervenciones puntuales de agentes de la Policía Nacional limitadas a tareas de identificación.
La asociación entiende que la magnitud de la situación requiere la movilización de todos los recursos disponibles del Estado.
Una plantilla que considera insuficiente
JUCIL asegura que la plantilla de la Guardia Civil destinada en Ceuta resulta insuficiente para afrontar la presión migratoria actual.
Según los datos facilitados por la asociación, la ciudad cuenta con 550 agentes de la Guardia Civil, además de cinco efectivos de la Unidad de Actividades Subacuáticas (GEAS), ocho integrantes del Servicio Marítimo y un refuerzo de 30 miembros del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS).
La organización afirma que estos efectivos se encuentran sometidos a una elevada presión operativa, agravada durante el periodo estival por las vacaciones.
Denuncias por la falta de medios materiales
Además de la escasez de personal, JUCIL denuncia el deterioro de los medios materiales con los que trabaja el Servicio Marítimo.
La asociación sostiene que la flota disponible resulta insuficiente y que varias embarcaciones se encuentran averiadas o continúan prestando servicio tras reparaciones improvisadas.
Asimismo, señala que la falta de vehículos adecuados obliga, en determinadas ocasiones, a utilizar medios de grandes dimensiones que no ofrecen la operatividad necesaria para la vigilancia y la respuesta rápida en la frontera.
Una presión migratoria concentrada en el mar
JUCIL explica que durante los últimos días la presión migratoria se ha trasladado de forma masiva al mar, especialmente a través de los espigones del Tarajal, Benzú y el Sarchal.
La asociación afirma que la Guardia Civil venía interceptando entre 100 y 200 personas al día que intentaban acceder a Ceuta a nado, aunque asegura que esa cifra se ha multiplicado por cincuenta, obligando a destinar prácticamente todos los recursos disponibles a labores de rescate y atención humanitaria.
La asociación alerta del colapso de la ciudad
JUCIL sostiene que Ceuta ha sobrepasado su capacidad de respuesta.
Entre las situaciones que denuncia figuran el colapso del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que, según afirma, lleva varios días superado, así como la falta de víveres y el aumento de robos en viviendas.
La organización también advierte del riesgo de que puedan producirse asaltos a supermercados si continúa la escasez de alimentos.
Riesgo para los agentes y para los migrantes
La asociación afirma que la combinación de la normativa vigente, el abandono institucional y el incremento de las entradas por vía marítima está poniendo en peligro tanto a los guardias civiles como a los propios migrantes.
JUCIL recuerda que 27 personas han fallecido intentando alcanzar Ceuta por vía marítima, una cifra que, según la organización, refleja la peligrosidad de estas travesías.
La asociación destaca que la prioridad de los agentes continúa siendo salvar vidas, aunque advierte de que esta situación reduce los recursos destinados a la lucha contra el narcotráfico y otras actividades delictivas en la frontera sur.
Defensa de las devoluciones en caliente
JUCIL considera que el actual marco legal favorece dinámicas que incrementan el riesgo para quienes intentan acceder a territorio español por vía marítima.
Por ello, la asociación defiende la aplicación de las devoluciones en caliente, al entender que constituyen la única herramienta eficaz para disuadir las entradas irregulares y evitar que más personas se lancen al mar en travesías que califica de extremadamente peligrosas.
Asimismo, insiste en que la defensa de las fronteras constituye una obligación del Estado.
Ocho medidas urgentes al Gobierno
Ante esta situación, JUCIL vuelve a reclamar al Gobierno de España la adopción de varias medidas inmediatas.
Entre ellas solicita un refuerzo urgente de efectivos de la Guardia Civil, una mayor dotación de embarcaciones, vehículos, drones, sistemas de vigilancia, cámaras térmicas, equipos de protección y material sanitario.
También pide la creación de un dispositivo extraordinario de coordinación bajo un mando operativo único, la activación de la declaración de emergencia nacional con participación de las Fuerzas Armadas en labores de apoyo, el respaldo jurídico a los guardias civiles, compensaciones económicas y de descanso por la excepcionalidad del servicio, la cobertura de las vacantes estructurales en Ceuta y la elaboración de un Plan Nacional para la Frontera Sur con financiación estable y recursos permanentes.
JUCIL reclama responsabilidades políticas
La asociación concluye exigiendo una intervención inmediata del Gobierno de España para dotar a los agentes de los medios humanos y materiales que considera necesarios sobre el terreno.
Asimismo, reclama restablecer el control efectivo de la frontera y exige responsabilidades políticas al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa, al considerar que la situación actual requiere una respuesta urgente por parte del Estado.
