El Gobierno de España ha anunciado que propondrá una reforma de la Constitución para incluir el derecho al aborto como parte de los derechos fundamentales. El Ejecutivo sostiene que esta modificación busca “consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres”, garantizando su capacidad de decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo sin que puedan recibir información “falsa o carente de evidencia científica”.
La medida se conoce tras la reciente decisión del Ayuntamiento de Madrid, que aprobó con los votos de PP y Vox una iniciativa promovida por el partido de Santiago Abascal para proporcionar a las mujeres información sobre el supuesto “trauma post aborto”. Esta actuación municipal fue interpretada por el Ejecutivo como un intento de limitar la libertad de decisión de las mujeres.
Blindar derechos frente a retrocesos
Fuentes gubernamentales destacan que la reforma se enmarca en un contexto internacional en el que se observa una “ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos”. En este escenario, el Ejecutivo quiere que España dé “un paso más” y asegure la protección constitucional del aborto, reforzando la seguridad jurídica frente a posibles retrocesos legislativos futuros.
“España da un paso más para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus vidas”, subrayan desde el Gobierno.
Reforma con mayoría cualificada
Para llevar a cabo esta modificación será necesario activar el procedimiento ordinario de reforma constitucional, que requiere mayorías cualificadas en el Parlamento. Esto supone que el Gobierno necesitará buscar acuerdos con varios grupos políticos más allá de su bloque de apoyo habitual, ya que no cuenta por sí mismo con los votos suficientes.
Resistencia desde sectores conservadores y la Iglesia
La propuesta no está exenta de polémica. Mientras el Ejecutivo la presenta como un blindaje de derechos, algunos sectores conservadores ya han manifestado su oposición. Los obispos españoles han insistido en que el llamado “síndrome post aborto” existe, defendiendo que se han dado casos de mujeres que lo pasaron “muy mal” tras interrumpir su embarazo.
En este clima de confrontación, el debate sobre el aborto regresa al primer plano político y social, situándose ahora en el terreno constitucional, lo que podría marcar un hito en la historia legislativa y de derechos en España.
