El Gobierno central, a través del Ministerio de Juventud e Infancia que dirige Sira Rego, ha planteado un incremento del 6,6 % en la capacidad del sistema de acogida de menores migrantes no acompañados, elevando el total de plazas de 16.016 a 17.081 en toda España.
La medida, recogida en un borrador de real decreto que será remitido al Consejo de Ministros, busca actualizar la capacidad de los sistemas autonómicos de protección en función de la evolución demográfica y la presión migratoria.
Andalucía, Cataluña y Madrid concentran la mayor capacidad
El reparto propuesto mantiene a las principales comunidades en cabeza. Andalucía (3.009 plazas), Cataluña (2.829) y la Comunidad de Madrid (2.471) concentran el mayor número de plazas del sistema.
Les siguen la Comunidad Valenciana (1.903), Galicia (940) y Castilla y León (833), mientras que en un segundo nivel se sitúan Canarias (783), Euskadi (776) y Castilla-La Mancha (742).
En el extremo opuesto, las cifras más reducidas corresponden a Navarra (237), Cantabria (206) y La Rioja (114), con Ceuta (29) y Melilla (30) como los territorios con menor capacidad.
En el caso de Madrid, el incremento supone 146 nuevas plazas respecto a 2025, lo que representa una subida del 6,3 %, en línea con el crecimiento global del sistema.
Un sistema ajustado a la presión migratoria
El cálculo de estas cifras se basa en la proporción de población de cada territorio respecto al total nacional, así como en el número máximo de menores atendidos previamente por los sistemas de protección.
El borrador también contempla que las declaraciones de contingencia migratoria se mantendrán activas mientras los sistemas autonómicos superen tres veces su capacidad ordinaria, lo que evidencia la presión existente sobre algunas regiones.
Bloqueo político en la Conferencia Sectorial
La propuesta ha quedado envuelta en la controversia política tras el plantón de la mayoría de comunidades gobernadas por el PP, lo que impidió la celebración de la Conferencia Sectorial de Infancia por falta de quórum.
Solo participaron Canarias y Castilla-La Mancha de forma presencial, mientras que País Vasco, Asturias, Navarra, Cataluña y Ceuta lo hicieron telemáticamente.
Las comunidades del PP justificaron su ausencia alegando “irregularidades” en la convocatoria, al incluirse un asunto previamente rechazado, lo que ha intensificado el choque institucional en torno a la gestión de la acogida.
Debate sobre el reparto y la cobertura legal
El incremento de plazas reabre el debate sobre la capacidad real de las comunidades autónomas para asumir nuevos menores migrantes, así como sobre el marco legal de los traslados entre territorios.
Algunas regiones, como Madrid, han advertido de que no aceptarán nuevos traslados sin cobertura jurídica suficiente, lo que añade incertidumbre al desarrollo de la medida.
Un reto estructural para el sistema de protección
La ampliación del sistema responde a un contexto de creciente presión migratoria y saturación de recursos, que obliga a redefinir los mecanismos de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas.
Con este incremento, el Ejecutivo busca reforzar la capacidad de acogida, aunque el éxito de la medida dependerá de la cooperación institucional y del consenso político, actualmente tensionado.
