El Ayuntamiento de Madrid garantizará la continuidad del Centro de Atención a Personas en Emergencia Social Las Caracolas hasta noviembre de 2028. La Junta de Gobierno ha aprobado la prórroga del contrato de gestión de este recurso municipal con una inversión de 7,5 millones de euros, una medida que permitirá mantener la atención a personas y familias que atraviesan situaciones de emergencia social, residencial o de especial vulnerabilidad.
La decisión, anunciada por la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, asegura la continuidad de uno de los dispositivos más importantes de la red municipal de atención social, gestionado por SAMUR Social.
Un recurso clave para situaciones de emergencia social
Ubicado en instalaciones compuestas por 32 módulos prefabricados, el centro cuenta con 300 plazas de acogida temporal destinadas a personas y familias que carecen de una alternativa habitacional inmediata.
Además de atender a ciudadanos que atraviesan situaciones de emergencia social o residencial, Las Caracolas ofrece alojamiento provisional a solicitantes de asilo mientras esperan que la Administración General del Estado tramite su incorporación al Sistema de Protección Internacional.
El objetivo es evitar que estas personas queden expuestas a situaciones de exclusión severa o lleguen a vivir en la calle durante el periodo de espera administrativa.
Alojamiento, manutención y acompañamiento social
El recurso garantiza la cobertura de necesidades básicas como alojamiento, alimentación e higiene personal, pero su actuación va más allá de la atención inmediata.
Los equipos profesionales desarrollan una intervención social individualizada con cada usuario para facilitar la recuperación de su autonomía y favorecer su acceso a recursos normalizados.
Asimismo, los beneficiarios reciben información, orientación y asesoramiento social, además de acompañamiento profesional adaptado a sus circunstancias personales y familiares.
Más de 2.100 personas atendidas durante 2025
Según los datos municipales, durante 2025 el centro prestó atención a 2.184 personas pertenecientes a 868 unidades familiares.
De ellas, 1.299 eran personas integradas en familias que atravesaban una situación de emergencia social o residencial, mientras que otras 885 eran solicitantes de asilo procedentes de 358 unidades familiares distintas.
Aunque la atención a los solicitantes de protección internacional corresponde legalmente al Estado, el Ayuntamiento de Madrid mantiene este dispositivo como una respuesta de carácter temporal para cubrir situaciones urgentes hasta que se produce la derivación a los recursos estatales correspondientes.
