El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, planteó la petición durante la vista preliminar celebrada en el Tribunal Supremo dentro del procedimiento por presuntas irregularidades en contratos de mascarillas y material sanitario durante la pandemia de COVID‑19, en el que están acusados el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.
El informe de la UCO al que se refiere la Fiscalía fue entregado el pasado 3 de diciembre y forma parte de las investigaciones sobre el caso Hidrocarburos, una causa judicial separada en la que se analiza un presunto fraude fiscal de gran escala y la posible concesión irregular de licencias para operar en el sector de combustibles. Según ese documento, entre los indicios recopilados figuran hechos que podrían conectar a Villafuel —empresa vinculada a los investigados— con la obtención de permisos que facilitaron su actuación en el mercado de hidrocarburos.
La inclusión de ese material en el juicio por las mascarillas responde a la estrategia de Anticorrupción de reforzar la tesis de que las tramas investigadas, aunque instruidas en procedimientos distintos, comparten nexos relevantes para establecer responsabilidades penales más amplias. La vista preliminar en el Supremo servía además para definir las pruebas y testigos admitidos de cara al juicio oral, en el que el Ministerio Público solicita penas de prisión para los acusados por la presunta trama de contratos irregulares durante la pandemia.
El caso Mascarillas, parte de lo que se conoce como “caso Koldo”, ha centrado una intensa atención judicial y mediática en las últimas semanas, con debates sobre la competencia del Tribunal Supremo, la admisión de pruebas y la vinculación de distintas piezas del procedimiento. La decisión sobre la incorporación del informe de la UCO quedará en manos de la Sala de lo Penal del alto tribunal conforme avance la tramitación del proceso.
