La Abogacía General de la Comunidad de Madrid gestionó el pasado año más de 22.000 asuntos jurídicos, según recoge la Memoria 2024 presentada este lunes por el abogado general, Fernando Muñoz, al consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante un acto celebrado en la Real Casa de Postas.
El informe refleja la intensa actividad de este órgano, que tramitó 8.129 asuntos consultivos y 14.524 nuevos litigios a lo largo de 2024, reafirmando su papel como garante jurídico de la Administración autonómica y sus organismos dependientes.
Un equipo de expertos al servicio de la defensa jurídica regional
La Abogacía General de la Comunidad de Madrid actúa como centro directivo especializado en asesoramiento legal, representación y defensa en juicio de la Administración regional. Durante 2024, el organismo contó con un equipo formado por 66 letrados y 10 gestoras procesales y personal administrativo, cuya labor resulta esencial para garantizar la correcta defensa de los intereses públicos.
El consejero García Martín destacó el “compromiso, rigor y profesionalidad” del equipo jurídico autonómico, subrayando que su trabajo “permite que la Comunidad de Madrid actúe siempre con seguridad jurídica y transparencia”.
Más de 14.000 litigios en defensa de los intereses públicos
De los 14.524 litigios tramitados, una parte significativa se relaciona con cuestiones administrativas, urbanísticas, sanitarias y de función pública, reflejando la amplitud de materias en las que la Abogacía General presta apoyo técnico y jurídico.
Asimismo, las 8.129 consultas emitidas en el ámbito consultivo abarcaron desde dictámenes jurídicos hasta la revisión de contratos, informes de legalidad y procedimientos normativos impulsados por las distintas consejerías del Gobierno regional.
Un pilar esencial de la gestión pública madrileña
Durante la presentación de la Memoria, García Martín puso en valor la función estratégica de este organismo dentro de la estructura de la Administración autonómica. “La Abogacía General —señaló— es una garantía de confianza para los ciudadanos, las instituciones y el propio Gobierno regional, al asegurar que cada actuación administrativa se ajusta a los principios de legalidad y buen gobierno”.
El consejero recordó además que el Ejecutivo madrileño continuará reforzando los recursos humanos y tecnológicos del servicio jurídico regional “para responder con mayor agilidad a los retos legales que plantea una administración moderna y eficiente”.
