El Ministerio de Sanidad ha convocado a las comunidades autónomas a una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para analizar específicamente la reforma del Estatuto Marco y la situación generada por la huelga de médicos que rechazan el anteproyecto de ley aprobado recientemente por el Consejo de Ministros.
La reunión está prevista inicialmente para el 5 de junio, aunque todavía se encuentra pendiente de confirmación definitiva. El encuentro se desarrollará en formato mixto, presencial y telemático, y servirá para trasladar a los responsables autonómicos información sobre el estado de las conversaciones mantenidas con el comité de huelga.
El conflicto sigue abierto tras el rechazo de los médicos
La convocatoria llega en un momento de elevada tensión entre el Ministerio y las organizaciones médicas. Los representantes de los facultativos mantienen su rechazo al texto legislativo y ya han anunciado nuevas movilizaciones para las próximas semanas.
Entre las acciones previstas figura una concentración estatal frente a la sede del Ministerio de Sanidad el próximo 15 de junio, coincidiendo con una nueva semana de huelga convocada entre los días 15 y 19 de junio.
Desde el comité de huelga consideran que las reuniones mantenidas hasta el momento no han permitido alcanzar avances suficientes y mantienen sus reivindicaciones en torno a las condiciones laborales y profesionales del colectivo médico.
Las guardias y la jornada laboral centrarán parte del debate
Además de la situación derivada de la huelga, el orden del día incluye varios asuntos relacionados con las condiciones laborales del personal facultativo.
Entre los temas que serán abordados destacan la limitación de las jornadas de guardia, la implantación de la jornada ordinaria de 35 horas semanales y la mejora de las retribuciones vinculadas a las guardias médicas.
El anteproyecto impulsado por el Ministerio contempla una reducción de las guardias de 24 horas y fija, con carácter general, un máximo de 17 horas continuadas de guardia, además de establecer un límite de 45 horas semanales sumando actividad ordinaria y atención continuada.
Propuestas para reforzar la participación de los médicos
Los consejeros autonómicos también debatirán sobre la creación de espacios específicos de negociación dirigidos a los médicos, la reducción progresiva de la jornada máxima, la clasificación profesional del personal sanitario y fórmulas para incrementar la participación de los facultativos en las decisiones organizativas del sistema sanitario.
Asimismo, el Ministerio plantea constituir grupos de trabajo para revisar la organización laboral de los centros sanitarios y estudiar medidas orientadas a reducir la carga burocrática que soportan los profesionales.
Amyts critica el anteproyecto y mantiene la presión
La aprobación del texto ha provocado nuevas críticas por parte de Amyts, sindicato mayoritario entre los médicos madrileños y una de las organizaciones impulsoras de las movilizaciones.
Su secretaria general, Ángela Hernández, considera que la decisión adoptada por el Gobierno refuerza la necesidad de continuar con las protestas y denuncia que el anteproyecto no incorpora las principales reivindicaciones planteadas por los facultativos.
Según sostiene la organización, la futura regulación mantiene diferencias en las condiciones laborales de los médicos respecto a otros profesionales sanitarios.
Amyts ha realizado un llamamiento a la participación en la concentración prevista para el 15 de junio y recuerda que especialistas de numerosos hospitales madrileños han anunciado también paros en la actividad extraordinaria que desarrollan fuera de su jornada ordinaria.
La Comunidad de Madrid cuestiona el planteamiento del Ministerio
Desde la Comunidad de Madrid, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha mostrado su rechazo a la estrategia impulsada por el Ministerio y considera que se están trasladando a las comunidades autónomas responsabilidades que corresponden al Gobierno central.
Matute defiende que cualquier modificación del Estatuto Marco debería ir precedida de un análisis técnico, jurídico y presupuestario consensuado entre distintos departamentos ministeriales, entre ellos Hacienda, Función Pública y Trabajo.
Además, reclama que cualquier reforma vaya acompañada de una financiación específica que permita aplicar las medidas acordadas y considera imprescindible que exista respaldo por parte de los profesionales sanitarios.
La consejera también ha señalado que el malestar existente entre médicos y facultativos dificulta alcanzar avances significativos si previamente no se consigue un consenso con el sector.
En materia económica, ha solicitado al Ejecutivo central más información sobre los recursos que asegura haber transferido a las comunidades autónomas para reforzar la sanidad pública y ha cuestionado la suficiencia de algunas partidas destinadas a programas relacionados con la salud mental y la prevención del suicidio.
