La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha anunciado este domingo que el Gobierno derogará la Ley 15/97, que desde hace más de dos décadas permite la colaboración público-privada en la sanidad española. Según adelantó en una entrevista, el Ejecutivo impulsará una nueva normativa a principios de 2026 destinada a limitar la intervención de empresas con ánimo de lucro en la gestión sanitaria, en un intento de reforzar el carácter público del Sistema Nacional de Salud tras la polémica generada por los audios del hospital de Torrejón.
García ha subrayado que la futura ley será "más amplia y de integridad del sistema sanitario". Aunque no prohibirá completamente la colaboración público-privada, impedirá que se realice con compañías cuyo objetivo sea la rentabilidad económica, poniendo el foco en evitar modelos como el de Alzira, Torrejón o la Fundación Jiménez Díaz, donde —asegura— se prioriza la selección de pacientes menos costosos.
La ministra considera que el modelo actual ha sido "pervertido" y convertido en un sistema "parásito", y ha anunciado que tanto el Ministerio como Más Madrid impulsarán acciones legales, incluyendo una posible denuncia ante Fiscalía por delito de lesiones contra pacientes, tras las revelaciones sobre prácticas orientadas a rechazar procesos no rentables dentro de Ribera Salud.
El contexto político ha incrementado la tensión entre Sanidad y la Comunidad de Madrid. García exige a Isabel Díaz Ayuso investigar a fondo el caso Torrejón y acusa al Gobierno regional de "maquillar listas de espera", afirmando que en consultas y diagnósticos la situación es mucho peor que en cirugía. Según sus datos, un millón de personas esperan una prueba médica, cifra que —sostiene— se ha duplicado durante la legislatura actual.
La ministra critica que el sistema madrileño promueva la derivación de pacientes a centros privados a través de la libre elección sanitaria y los plazos de espera, señalando que lo ocurrido en Torrejón "no es un hecho aislado, sino un modelo estructural". Mientras, desde Ribera Salud, su CEO asegura que los audios difundidos están editados y fuera de contexto.
La reforma legal abrirá un nuevo debate nacional sobre la financiación y el papel del sector privado en la sanidad española, justo cuando las organizaciones sindicales preparan nuevas movilizaciones para exigir un Estatuto Marco común para los profesionales sanitarios.
