La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al Tribunal Supremo el contrato privado de compraventa mediante el cual Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, adquirió el 45% de la empresa Servinabar 2000 por apenas 6.000 euros. La documentación, hallada en el domicilio del empresario Joseba Antxón Alonso Egurrola, sitúa a Cerdán como copropietario de una de las principales firmas investigadas en la presunta trama de amaño de contratos públicos a cambio de comisiones.
Según el informe remitido al juez Leopoldo Puente, que instruye la causa vinculada al caso Ábalos–Koldo, Servinabar 2000 habría recibido más de 80 millones de euros en contratos públicos, especialmente del Gobierno de Navarra, adjudicaciones que ahora se investigan por su presunta falta de transparencia y manipulación deliberada en los procesos de licitación.
La UCO destaca que la empresa Servinabar formó parte de una UTE con Acciona para explotar un yacimiento de potasa gestionado por Geoalcali, ubicado entre Navarra y Aragón. Esta alianza habría sido uno de los puntos de arranque del entramado, en el que Cerdán y Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, jugaban roles clave en la obtención de contratos y gestión de comisiones.
Contraprestaciones económicas y relación con el caso Ábalos
En su informe, la UCO afirma que Cerdán habría gestionado pagos por un total de 620.000 euros a favor de Ábalos y Koldo, derivados de supuestas comisiones ilegales de empresas como Acciona. En una conversación intervenida, Koldo asegura que Ábalos ya había recibido 550.000 euros procedentes de adjudicaciones en Murcia, y que quedaban 450.000 euros pendientes de pago.
Cerdán, siempre según el informe de la UCO, se habría comprometido a reunir la cantidad restante, afirmando: “Voy a ir a por todo, voy a ir a pedir todo”.
Además, el informe resalta que Ábalos habría solicitado a Koldo que no tomara decisiones sin antes consultar con Cerdán, a pesar de que este no ostentaba cargo gubernamental alguno, lo que refuerza la hipótesis de los investigadores sobre su peso real en la estructura informal de poder.
Implicaciones políticas y judiciales
La defensa de Cerdán solicitó la semana pasada al juez instructor que reclamara con urgencia la escritura privada a la Policía Judicial, con el objetivo de verificar su autenticidad y preparar su comparecencia como investigado.
Por su parte, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha asegurado que en su Ejecutivo “no hay ningún indicio de ilegalidad” en relación con los hechos que se imputan a Cerdán, uno de los políticos navarros de mayor peso dentro del PSOE.
Mientras tanto, la investigación sigue extendiéndose: ya se ha procedido al clonado del correo electrónico de Cerdán en la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz, en el marco de la instrucción judicial.
La documentación entregada por la UCO pone de manifiesto no solo la posible participación directa de Cerdán en una trama de comisiones ilegales, sino también su papel como engranaje clave en la presunta red político-empresarial que salpica a distintos niveles de la administración pública, desde ministerios hasta gobiernos autonómicos. Servinabar, que parecía ser una empresa menor, aparece ahora como epicentro de una operación que podría tener alcance nacional.
El desarrollo del caso en los próximos días podría suponer una nueva sacudida al Ejecutivo, especialmente si se confirman las implicaciones de figuras clave del entorno de Pedro Sánchez, como se sugiere en otros documentos anexos, donde incluso se vincula a Cerdán con el amaño de las primarias del PSOE en favor del actual presidente del Gobierno.
