La iniciativa de Sumar plantea que los exreclusos puedan comparar la prestación por desempleo generada tras trabajar en prisión con el ingreso mínimo vital (IMV) y optar por la cuantía más alta.
En la actualidad, las personas que han trabajado durante su estancia en prisión pueden acceder a una prestación por desempleo al salir, aunque en muchos casos esta es inferior al IMV, que ronda los 600 euros mensuales.
El argumento de la formación es que algunos exreclusos se encuentran durante meses con ingresos muy reducidos, ya que el subsidio que perciben es bajo y la tramitación del ingreso mínimo vital puede prolongarse hasta cerca de un año.
Además, Sumar propone mejorar las condiciones laborales dentro de las cárceles, con el objetivo de que el trabajo en prisión tenga una remuneración más cercana al salario mínimo y cuente con más derechos laborales.
Este planteamiento ha generado debate, ya que actualmente solo uno de cada cinco internos trabaja en prisión. Mientras algunos sectores defienden que estas medidas favorecen la reinserción social, otros consideran que pueden suponer un trato privilegiado.
Por el momento, la propuesta se encuentra en fase de debate en el Congreso y no ha sido aprobada.
