Según los socialistas, Rodríguez habría “mentido en sede judicial” durante su testimonio ante el Tribunal Supremo en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, lo que consideran incompatible con su cargo público.
Implicaciones en casos judiciales
El caso salpica también al novio de Ayuso, Alberto González Amador, investigado por presunto fraude fiscal, y a García Ortiz, imputado por presunta revelación de secretos. El PSOE señala que Rodríguez, conocido como MAR, tuvo un papel activo en las gestiones legales de González Amador, y critican que siga ocupando un cargo “cuyo sueldo pagan todos los madrileños y madrileñas”.
En mensajes presentados por Rodríguez al Tribunal Supremo, se revela que tenía guardado en su móvil a González Amador bajo el seudónimo de “Alberto QUIRÓN”. Estos mensajes confirman que MAR estaba al tanto de las negociaciones de González Amador con la Fiscalía para alcanzar un pacto que incluyera una multa mínima y que limitara la condena.
Preguntas del PSOE a Ayuso
El PSOE-M ha anunciado que pedirá explicaciones parlamentarias a la presidenta de la Comunidad de Madrid para esclarecer si:
- Miguel Ángel Rodríguez recibió instrucciones directas de Ayuso o de colaboradores como Alfonso Serrano para gestionar el contacto de González Amador.
- Ayuso estaba al corriente de las acciones de MAR en defensa de su pareja.
- La presidenta ordenó la difusión de información falsa a través de periodistas con quienes Rodríguez tenía contacto.
El papel de Más Madrid
La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, también ha intervenido, exigiendo que Alberto González Amador comparezca en la Asamblea de Madrid. Bergerot afirma que González Amador debe explicar su vínculo con Díaz Ayuso y su trabajo para el mayor contratista de la Comunidad de Madrid. "Si no tiene nada que ocultar, que dé explicaciones en la sede parlamentaria", concluyó.
El caso genera presión política
Este nuevo escándalo añade presión sobre Ayuso y su equipo, en un contexto en el que se cuestiona la transparencia de su círculo más cercano y la utilización de recursos públicos. Mientras el Tribunal Supremo avanza en sus investigaciones, la oposición exige respuestas claras sobre la relación entre gestiones privadas y cargos públicos en la Comunidad de Madrid.
