El Partido Popular ha registrado este sábado en el Congreso de los Diputados un escrito formal dirigido a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, en el que solicita la paralización inmediata de la indemnización de 19.400 euros solicitada por Santos Cerdán tras abandonar su escaño. El documento lleva la firma del portavoz del grupo popular en el Congreso, Miguel Tellado.
La iniciativa, anunciada el viernes y formalizada hoy, reclama que se frene el abono de esta compensación económica, recogida en el Reglamento de Pensiones Parlamentarias para exdiputados, debido a la condición de investigado del ex secretario de Organización del PSOE por presuntos delitos de organización criminal y cohecho en el marco del conocido como ‘caso Delorme’.
“Sus años en el Congreso de los Diputados no estuvieron dedicados al servicio público sino, por el contrario, a servirse de fondos públicos para obtener beneficios privados”, expone el escrito como principal argumento.
Según el PP, esta indemnización tiene como finalidad facilitar el regreso a la actividad profesional de aquellos parlamentarios que se hayan visto apartados de su desarrollo laboral durante su mandato, algo que no sería aplicable en el caso de Cerdán, pues —según afirman— los indicios apuntan a que se habría beneficiado económicamente de forma ilícita durante su paso por el Congreso.
Tellado subraya que la percepción de esta prestación por parte de una persona investigada por corrupción constituye un agravio para los ciudadanos y el propio erario público, y reclama que el Congreso explore todas las vías legales disponibles para impedir el pago.
“No es razonable que el Congreso abone con cargo al erario público una indemnización a una persona que, en todo caso, debería ser quien indemnice al erario por los fondos presuntamente defraudados”, denuncia el documento.
El PP añade que la alarma social generada por los últimos escándalos de corrupción exige una respuesta institucional ejemplar y advierte de que permitir esta compensación económica sería interpretado por la ciudadanía como un acto de impunidad e insensibilidad política.
Cerdán, que presentó su renuncia como diputado esta semana, solicitó el cobro de la indemnización prevista para exparlamentarios, que asciende a una mensualidad por cada año completo en el cargo, con un máximo de 24 mensualidades. En su caso, la cifra total solicitada es de 19.400 euros.
Ahora, la decisión queda en manos de Francina Armengol y de los servicios jurídicos del Congreso, que deberán determinar si existe base legal para suspender o denegar la indemnización, a la espera de que el Tribunal Supremo avance en la instrucción del caso que afecta a Cerdán, así como al exministro José Luis Ábalos y a su antiguo asesor, Koldo García.
