El Partido Popular ha anunciado que registrará un escrito en el Congreso de los Diputados para pedir a su presidenta, Francina Armengol, que paralice el pago de la indemnización parlamentaria solicitada por Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y exdiputado, tras su implicación en el 'caso Koldo'.
Según fuentes populares, resulta inadmisible que se autorice el abono de cerca de 19.400 euros a quien ha sido imputado formalmente por el Tribunal Supremo, justo el mismo día en que acudió al Congreso para tramitar dicha indemnización. La cantidad corresponde a seis mensualidades de 3.263 euros brutos cada una, en virtud del tiempo que Cerdán ejerció como diputado, desde mayo de 2019.
"La ciudadanía no entendería que, tras cobrar mordidas por contratos públicos, saliera más dinero de todos los españoles rumbo a la cuenta corriente del ex 'número dos' de Pedro Sánchez", denuncian desde el PP.
Nueva revelación del 'caso Koldo': el número dos de Armengol, mencionado en un audio
La petición del PP se produce en medio de la publicación de un nuevo audio intervenido por la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) en el que Cerdán y Koldo García –exasesor del exministro Ábalos– mencionan a Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, actual vicepresidente primero del Congreso y estrecho colaborador de Armengol.
El audio, recogido en el último informe remitido al Supremo, alude a maniobras para adjudicar obras públicas y al supuesto cobro de comisiones ilegales en diferentes puntos de España. Este nuevo indicio podría comprometer políticamente a la actual dirección del Congreso y agravar la situación del PSOE en medio de una creciente crisis institucional por el caso.
Imputación e indemnización: una coincidencia explosiva
El propio Cerdán presentó este viernes su solicitud de indemnización apenas unas horas después de que se conociera su imputación formal por el Supremo. Su implicación en la trama investigada por corrupción ha generado indignación en la oposición y malestar incluso dentro del propio PSOE, donde varios dirigentes consideran “inoportuno” el cobro de una compensación en estas circunstancias.
El régimen del Congreso establece que los exdiputados tienen derecho a una mensualidad por año de servicio, hasta un máximo de 24, pero el PP pide ahora revisar este derecho cuando existan procedimientos judiciales abiertos por corrupción.
Contexto político tenso
El caso Cerdán se ha convertido en uno de los principales focos de desgaste para el Gobierno. Este viernes, la UCO entró en la sede del PSOE en Ferraz, así como en dependencias del Ministerio de Transportes, Adif y la Dirección General de Carreteras, para recoger documentación relacionada con la adjudicación presuntamente fraudulenta de contratos.
El Ejecutivo, por su parte, insiste en que “no hay crisis de Gobierno ni dimisión” de Pedro Sánchez, y ha defendido la actuación judicial como “parte del proceso habitual de colaboración con la justicia”.
Mientras tanto, el Partido Popular incrementa su ofensiva parlamentaria para exigir responsabilidades y frustrar cualquier intento de cerrar el caso en falso, comenzando por impedir que Cerdán perciba un solo euro de dinero público mientras no se esclarezca su responsabilidad penal.
