El Gobierno y el PSOE coinciden en que creen que no tiene “recorrido ninguno” la denuncia del PP contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la Oficina de Conflicto de Intereses por la posible relación de su mujer, Begoña Gómez, con Air Europa.
El Partido Popular tiene previsto registrar una denuncia para que esta oficina determine “la responsabilidad” de Pedro Sánchez por no inhibirse en las reuniones del Consejo de Ministros que adoptaron decisiones sobre Air Europa –entre ellas su rescate con dinero público– pese a tener “vínculos de naturaleza económica y profesional con su mujer, Begoña Gómez”.
Para La Moncloa, “la ley es muy clara” y establece con claridad “donde tiene que haber incompatibilidades”, de manera que consideran que el PP hace una “utilización torticera” de la norma “y lo sabe”.
Por su parte, desde el PSOE creen que se trata de “un nuevo intento por desacreditar al Gobierno” y, para ello, usan “de esta forma una instancia de la administración pública para tratar de confundir a la ciudadanía, manipular la realidad y jugar a la mentira con el único objetivo de atacar al presidente”.
“Es lo que hace siempre el PP, mentir, manipular y para ello no duda en recurrir a instituciones públicas, aún sabiendo que es un caso que no tiene ninguna base jurídica sólida”, concluye en Ferraz, al tiempo que aseguran que la formación que encabeza Alberto Núñez Feijóo “sabe que jurídicamente no tiene ningún recorrido, por lo que es evidente que se trata de una utilización malintencionada de una institución tan ejemplar como la Oficina de Conflicto de Intereses con la única intención de intoxicar a la opinión pública”.
Para sostener este argumento, el PSOE dice que “la norma es absolutamente clara y determina que la obligación de abstención en el caso de un familiar exige que dicho familiar ocupe un puesto directivo, de asesoramiento o de administración en la empresa sobre la que se decide, no hay ninguna obligación de hacerlo en ningún otro caso”.
Aducen que así “lo dispone así el artículo 11, en su letra f, de la Ley 3/2015. Ya hay una denuncia de este caso de un ciudadano anónimo en términos similares a los anunciados por el PP y no se ha admitido al carecer de base jurídica absolutamente”.
Por ello, el PSOE concluye que “la persona que habría supuestamente exigido el deber de abstención ni ha sido directiva, ni asesora ni ha ejercido funciones de administración (ni siquiera es empleada) de la empresa en cuestión, por lo que no cabe aplicar el artículo de la ley que cita el PP”.
Por último, el PSOE avisa de que la denuncia del PP ante la Oficina de Conflicto de Intereses, “aún a sabiendas de que la ley se cumplió estrictamente, si se trasladase a términos judiciales, podría dar lugar a casos similares en los que se condena en costas del denunciante por mala fe al presentar la denuncia. Es una pérdida de tiempo y de recursos de una institución pública”.
