Nada más publicarse en el Boletín Oficial del Estado la rebaja de la pena de prisión de cuatro años y medio a dos años para la dirigente de Junts, las plataformas sociales se convirtieron en un hervidero de reproches dirigidos al Ejecutivo. Bajo etiquetas como #IndultoBorràs o #HemerotecaSánchez, numerosos usuarios y creadores de opinión han compartido masivamente la intervención televisiva de 2014 en la que el propio Pedro Sánchez aseguraba sentirse "avergonzado" de los indultos políticos y prometía prohibirlos por ley en los casos de corrupción.
La hemeroteca de Pedro Sánchez prePresidente del Gobierno retrata siempre al Pedro Sánchez presidente. https://t.co/FpdKr34Bd2
— Bruce Wayne (@elmozo7) July 29, 2026
Las críticas en redes han incidido de forma vehemente en la cadencia de la decisión, aprobada al cierre del curso político y en plena pausa de verano. Diversos analistas y perfiles digitales han señalado lo que consideran una "doble vara de medir" institucional, afeando que se utilice la vía del indulto gubernamental para librar de la prisión a un cargo público condenado por falsedad documental y prevaricación en la adjudicación irregular de contratos.
La oposición acusa a Sánchez de "pagar el precio político" ante Junts
En el plano político, la derecha ha cargado en bloque contra la resolución del Consejo de Ministros. Desde el Partido Popular, dirigentes nacionales y alcaldes como José Luis Martínez-Almeida han calificado la medida como un "peaje" pactado con el espacio independentista para mantener el sostén parlamentario en el Congreso. El regidor madrileño considera el perdón de "falta de palabra" ante los ciudadanos y sugirió que la medida sienta un precedente peligroso para otros procedimientos judiciales abiertos.
Por su parte, la dirección nacional de Vox acusó directamente al Presidente del Gobierno de "mercadear con la justicia" y desmantelar los contrapesos del Estado de derecho para asegurar su permanencia en la Moncloa.
El malestar no se ha limitado al espectro conservador; referentes del PSOE como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, también expresaron públicamente "muchas dudas" y su rechazo a que se perdonen delitos vinculados a la corrupción "ni con agosticidad".
La defensa de Moncloa: cumplimiento del fallo del TSJC
Ante el vendaval de reproches, Pedro Sánchez defendió la legalidad y oportunidad del indulto manifestando que el Ejecutivo simplemente "ha dado cumplimiento a la propia sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña", cuyos magistrados calificaron de "desproporcionada" la condena privativa de libertad original fijada por el código penal.
Sin embargo, esta justificación no ha aplacado el rechazo en el mapa político ni el descontento digital, donde se insiste en que el caso de Borràs responde a un delito de corrupción común desligado del procés.
