El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha citado a declarar como investigado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por un presunto delito de malversación de caudales públicos. La imputación se enmarca dentro de las diligencias abiertas para esclarecer si, durante su etapa como secretario general de la Presidencia del Gobierno, autorizó la contratación con fondos públicos de una asesora que habría prestado funciones para la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
El magistrado considera que existen indicios suficientes para investigar la legalidad del nombramiento de Cristina Álvarez Rodríguez, quien habría ejercido tareas de apoyo a Begoña Gómez con cargo al erario público. Según el auto judicial, se investiga si esta contratación respondió a criterios profesionales o si encubría labores de índole privada vinculadas al entorno familiar del presidente.
El juez no ha imputado ni a Begoña Gómez ni a la propia asesora, pero ha puesto el foco sobre Martín Aguirre en tanto que presunto responsable jerárquico de la contratación. El actual delegado del Gobierno en Madrid deberá declarar ante el juzgado el próximo 14 de mayo.
Reacción del Gobierno: preocupación por el juez, no por los hechos
Desde Moncloa, la primera reacción ha llegado por parte del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien ha optado por poner en duda la imparcialidad del juez antes que valorar el fondo de la imputación. “Esta instrucción ya no es motivo de preocupación para la gente honesta y con la conciencia tranquila. Es motivo de preocupación máxima para todos los que defendemos el buen nombre y la imparcialidad de los jueces y magistrados de nuestro país”, declaró.
Este enfoque ha despertado críticas desde la oposición, que acusa al Ejecutivo de “desviar la atención” y “presionar al poder judicial” en lugar de asumir responsabilidades políticas por una causa que sigue sumando aristas.
Un alto cargo con trayectoria cercana a Moncloa
Francisco Martín Aguirre es ingeniero de montes y cuenta con una dilatada carrera en la administración pública. Fue secretario general de la Presidencia del Gobierno entre 2021 y 2023, tras haber dirigido el Departamento de Planificación y Seguimiento de la Actividad Gubernamental desde 2020. En marzo de 2023 fue nombrado delegado del Gobierno en Madrid, en plena remodelación de los altos cargos del Ejecutivo.
Su nombre figura ahora en una causa con fuerte carga política, al tratarse de una figura clave en la estructura de apoyo directo a Moncloa y de confianza del entorno presidencial.
Un caso con posibles derivadas políticas
La investigación se enmarca dentro del llamado “caso Begoña Gómez”, en el que se indagan supuestas irregularidades en el uso de recursos públicos para fines personales o institucionales no justificados. Aunque por el momento no se han establecido responsabilidades penales fuera del ámbito administrativo, el avance de la causa judicial podría tener implicaciones políticas de primer nivel.
La cita judicial del 14 de mayo será, previsiblemente, seguida con atención tanto por el entorno del Gobierno como por la opinión pública, en un momento de especial sensibilidad por la acumulación de investigaciones en marcha que afectan directa o indirectamente al núcleo de La Moncloa.
