El Gobierno defiende la inocencia de Zapatero tras su imputación en el 'caso Plus Ultra' al asegurar que no existen pruebas documentales

Desde Moncloa insisten de manera tajante en que el escrito emitido por el magistrado no contiene ninguna prueba documental o gráfica que demuestre la implicación del expresidente en actividades delictivas.

Con este posicionamiento, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha quebrado el silencio inicial mantenido por la dirección del PSOE respecto a las pesquisas del tribunal. El líder del Ejecutivo ha marcado una estrategia clara para la formación basada en ofrecer todo el apoyo político y exigir el máximo respeto al principio constitucional de la presunción de inocencia de Zapatero. De esta forma, el partido trata de blindarse ante la ofensiva de la oposición y normalizar una defensa cerrada del antiguo mandatario socialista.

Comparativa judicial con otros autos y la justificación de los ingresos económicos

Tras el análisis pormenorizado de las 88 páginas que conforman el auto del juez de instrucción José Luis Calama, fuentes del entorno gubernamental se han esforzado en desvincular este escenario del que afectó en su día al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El Ejecutivo argumenta que, a diferencia del caso de Cerdán, en el que se detallaban comunicaciones explícitas sobre transacciones económicas desde la primera página, en las diligencias referidas a Zapatero no consta ninguna captura de imagen, ningún mensaje de WhatsApp ni ningún otro soporte digital que acredite la comisión de delitos de tráfico de influencias, falsedad en documento público u organización criminal.

Asimismo, los portavoces de Moncloa han enmarcado los ingresos reflejados en las cuentas corrientes de Zapatero dentro de la normalidad de su actividad ordinaria posterior a su salida del cargo, señalando que estos datos bancarios precisamente evidencian que no formaba parte de ningún tipo de entramado societario opaco. Tomando como base estas conclusiones, desde el Ejecutivo aseguran que el presidente Sánchez mantiene la tranquilidad y han recordado, en sintonía con las declaraciones del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en el Congreso, que el auto judicial se encuentra en una fase estrictamente embrionaria.

El origen de la denuncia y la coordinación de las fiscalías internacionales

La defensa desplegada por el Gobierno también ha incidido en el origen del procedimiento, recordando que las actuaciones iniciales partieron de una querella interpuesta por la organización Manos Limpias. Esta línea argumental fue expuesta por la portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros.

Las mismas fuentes gubernamentales aclaran que la interposición de esa denuncia inicial es perfectamente compatible con el hecho de que la Audiencia Nacional asumiera formalmente el caso en marzo, impulsada por las diligencias de la Fiscalía Anticorrupción en coordinación con las autoridades judiciales y las fiscalías homólogas de Francia y Suiza.

Finalmente, el equipo de Gobierno ha querido restar peso a las sospechas recalcando que las comisiones de investigación helvéticas no han arrojado ninguna mención al nombre del expresidente español en relación con la supuesta red de sociedades en el extranjero. No obstante, y en línea con la política habitual del Palacio de la Moncloa de no airear la agenda privada del presidente del Gobierno, los portavoces institucionales han declinado confirmar de manera oficial si Pedro Sánchez ha mantenido algún tipo de contacto telefónico o presencial directo con José Luis Rodríguez Zapatero a lo largo de las últimas veinticuatro horas.