Zapatero defiende su inocencia en un vídeo tras su imputación y niega gestiones en el rescate de Plus Ultra o la posesión de sociedades opacas

En la grabación, el exlíder socialista ha manifestado su total disposición a colaborar con las autoridades judiciales, al tiempo que ha rechazado con firmeza las tesis del auto judicial que le vinculan con la gestión de los 53 millones de euros públicos que la compañía aérea de capital venezolano recibió por parte del Ejecutivo central.

El exjefe del Ejecutivo ha arrancado su intervención confirmando la recepción del requerimiento del tribunal y enfatizando que la totalidad de su trayectoria, tanto en la esfera pública como en sus actividades privadas posteriores, se ha desarrollado bajo un "escrupuloso y absoluto respeto al marco legal vigente". Zapatero ha querido salir al paso de las sospechas sobre sus finanzas personales asegurando que todos los ingresos económicos percibidos a lo largo de los últimos años han sido debidamente declarados ante la Agencia Tributaria a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), operando con criterios de máxima transparencia y legalidad fiscal.

Rechazo contundente a la mediación administrativa y a las estructuras mercantiles

La parte central de la declaración del expresidente se ha enfocado en desvincularse por completo del funcionamiento operativo y de las ayudas concedidas a la compañía aeronáutica investigada. Zapatero ha reafirmado con contundencia que jamás ha realizado ningún tipo de gestión, presión o intermediación ante ninguna administración del Estado ni ante organismos pertenecientes al sector público en relación con el expediente de salvamento financiero de Plus Ultra, extendiendo esta negativa a cualquier otra corporación de carácter público.

Asimismo, ha negado de forma categórica poseer o haber poseído participaciones en sociedades mercantiles de ninguna índole, descartando su presencia en firmas patrimoniales ya fuera de manera directa, a través de terceras personas o mediante el uso de testatarios, tanto dentro del territorio nacional como en jurisdicciones extranjeras.

Esta declaración audiovisual supone una ratificación de los argumentos que el propio mandatario expuso durante una entrevista radiofónica con el periodista Carlos Alsina en el programa Más de uno de Onda Cero, donde defendió el carácter lícito de sus actividades privadas.

El expresidente ha concluido su intervención anunciando que ejercerá de forma inmediata su derecho a la defensa en sede judicial con total firmeza y convicción jurídica, una reacción que coincide temporalmente con las declaraciones de apoyo emitidas desde el entorno del propio Gobierno de coalición, donde se apela a la presunción de inocencia y se atribuye el procedimiento a una campaña de inquina política, frente a la sorpresa de barones territoriales como Emiliano García-Page, quien ha reconocido públicamente haberse quedado de piedra tras conocer la resolución judicial.

Los cargos del auto judicial y la presunta vinculación con entramados societarios

El desmentido de José Luis Rodríguez Zapatero colisiona frontalmente con los términos recogidos en el auto de 85 páginas emitido por el magistrado instructor del caso. La resolución de la Audiencia Nacional sitúa provisionalmente al expresidente a la cabeza de una presunta estructura jerarquizada y de carácter estable que supuestamente operaba para canalizar influencias ilícitas ante las instancias gubernamentales en favor de terceras corporaciones, señalando a Plus Ultra como la principal beneficiaria de estas acciones de intermediación a cambio de contraprestaciones económicas.

El texto judicial detalla la presunta utilización de un entramado instrumental y canales financieros con apariencia opaca dirigidos a ocultar la trazabilidad, el origen y el destino de los fondos bajo sospecha.

La investigación penal, que se apoya en las diligencias y seguimientos desarrollados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, mantiene bajo el foco a diversas empresas mercantiles y a personas del entorno personal y profesional del exjefe del Gobierno. Entre los nombres propios investigados figura el del empresario Julio Martínez Martínez, considerado amigo de Zapatero y señalado por los investigadores como presunto testaferro de la red, quien habría ocultado presuntamente fondos superiores al medio millón de euros en cuentas radicadas en Miami.

El avance del proceso judicial determinará si, además del delito principal de tráfico de influencias, la instrucción imputa formalmente los cargos colaterales de organización criminal, falsedad documental y blanqueo de capitales que el magistrado ha dejado abiertos de forma indiciaria en su argumentación de cargo.