Cruce de apoyos y críticas tras la imputación de Zapatero: el PSOE denuncia 'lawfare' y la oposición exige la dimisión de Sánchez

La decisión de la Audiencia Nacional de investigar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias ha generado una cadena inmediata de posicionamientos enfrentados. El auto sostiene que Zapatero presuntamente lideraba una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" dirigida a obtener beneficios económicos mediante la intermediación ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente en el préstamo de 53 millones de euros concedido a la compañía Plus Ultra.

Mientras la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional procedía al registro de su oficina, de la agencia publicitaria de sus hijas What The Fav, de la asesoría Softgestor y a requerir datos a Inteligencia Prospectiva, las principales fuerzas políticas han fijado sus posturas que oscilan entre el apoyo a Zapatero y la crítica de "inquina" por parte de la derecha y de críticas a la incoherencia del socialismo español ante la suma de escándalos de corrupción sin responsabilidades políticas.

Los apoyos: Mensajes de confianza, desmentidos y sospechas de 'lawfare'

El propio José Luis Rodríguez Zapatero ha reaccionado a su situación procesal mediante la difusión de un comunicado en vídeo en el que defiende de manera explícita la licitud de su trayectoria. En la grabación, el expresidente afirma con rotundidad: "Quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF, con absoluta transparencia y legalidad". El líder socialista ha remarcado de forma tajante que "jamás ha realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública en relación al rescate de Plus Ultra".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido en defensa de su compañero de filas remitiendo un mensaje directo a los integrantes de la Ejecutiva Nacional del PSOE en el que reconoce que son "momentos duros" y añade: "Con todo, hoy más que nunca los socialistas debemos reafirmarnos en nuestra tarea de seguir luchando por hacer avanzar el país". En el mismo texto, el líder del Ejecutivo les insta a "seguir luchando por defender el buen nombre de un compañero, el presidente Zapatero, que tanto bien hizo y hace a favor de la causa socialista. Orgullo y entereza. Fuerte abrazo".

En esta misma línea de apoyo institucional, la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha publicado en sus redes sociales el mensaje "No pararán", al tiempo que el portavoz del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, aseguraba ante la prensa que Zapatero "no es un corrupto" ni se ha corrompido, señalando que "al revés, es el único presidente que no ha tenido ningún ministro imputado".

Asimismo, la ministra de Inclusión y portavoz gubernamental, Elma Saiz, ha pedido afrontar la noticia desde la "tranquilidad, confianza y respeto a la justicia", argumentando que las ayudas a las aerolíneas durante la crisis sanitaria fueron "proyectos pulcros y transparentes, autorizados por la CE y validados por el TJUE".

Desde el espacio de Sumar, la portavoz parlamentaria Verónica Martínez Barbero ha manifestado de forma abierta sus sospechas sobre las motivaciones de la causa, deslizando que "a ninguna persona de este país que siga un poco las noticias de la prensa y de las imputaciones que se producen en este tipo de cuestiones, y sobre todo de dirigentes de la izquierda de este país, les pueda sorprender mucho que algunos tengamos dudas sobre cuál es el origen de estaS acusaciones que se tendrán que aclarar", verbalizando de este modo sus "dudas" de que se trate de un caso de lawfare.

Por su parte, el exdiputado socialista Eduardo Madina ha calificado la noticia de "shock" para muchos compañeros del partido, pero ha afirmado estar "seguro de que este es un proceso judicial que va a demostrar perfectamente su inocencia, en la que yo creo". Fuera de la primera línea orgánica, el exvicepresidente Pablo Iglesias ha manifestado a través de sus perfiles sociales que "que sea Zapatero el primer presidente imputado, define muy bien la historia de la justicia española y de nuestro sistema político", aludiendo comparativamente a las informaciones existentes sobre otros antiguos mandatarios de la democracia.

Las críticas: La oposición censura al Ejecutivo y reclama la convocatoria de elecciones generales

En el espectro de la oposición, las declaraciones se han centrado en exigir responsabilidades políticas de manera inmediata al actual Ejecutivo. El líder del Partido Popular y jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado la renuncia formal de Pedro Sánchez publicando un mensaje donde sentencia que "la corrupción es la razón fundamental de este Gobierno. Sin apoyos no puede seguir. Sin decencia, menos aún", instándole a asumir la dimisión como única salida digna para no manchar la imagen exterior de España.

En el debate parlamentario en la Cámara Baja, el diputado del PP Sergio Sayas ha forzado la apertura de la sesión reclamando la convocatoria anticipada de comicios como "una exigencia ética" y "una exigencia democrática", manifestando que "España ni puede ni merece soportar más tiempo de un Gobierno y de un PSOE que está hasta el cuello de corrupción" y afeando a Sánchez la vinculación con el expresidente, al que ha definido como su "gurú".

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha incidido de forma severa en que el procedimiento judicial reviste "una gravedad extrema" debido a que "el tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer", instando al Gobierno a comparecer.

En el ámbito municipal, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha mostrado contundente al declarar que "Sánchez es corrupción, todo lo que rodea a Sánchez es corrupción" y que "José Luis Rodríguez Zapatero es corrupción", lamentando que la situación trate de disfrazarse como un ataque y tildándola de "enésima degradación del estado de derecho y de las instituciones".

En la misma línea, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tachado la investigación de "escándalo internacional" y ha exigido al Gobierno que "no utilice la Fiscalía o la Abogacía del Estado para intentar encubrir la verdad".

Por parte de Vox, su presidente Santiago Abascal ha advertido de que este suceso "no es un hecho aislado" sino "una nueva demostración de que Pedro Sánchez es el número uno de todas las tramas de corrupción", reiterando la necesidad de presentar una moción de censura para obligar a que los diputados del Congreso se retraten. Una postura que contrasta con la marcada prudencia del expresidente del Gobierno José María Aznar, quien ha evitado valorar el fondo de la imputación de Zapatero, pero ha querido dejar claro que "la Justicia en España es independiente, y los jueces son independientes" a la hora de adoptar las medidas que consideran oportunas.

Finalmente, el presidente andaluz Juanma Moreno ha augurado que la causa judicial se trata de un hecho "insólito" que va a hacer "tambalear muchas cosas en el propio Gobierno y en el propio sanchismo", mientras que el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha mostrado su absoluta sorpresa en directo ante los micrófonos de Onda Cero al ser informado de la resolución judicial, reconociendo textualmente: "Me deja de piedra".

En las redes sociales, la polarización también es máxima. Para sorpresa de nadie.