El Gobierno central reconoce en la documentación enviada al ayuntamiento que el edificio cuenta únicamente con permiso para alojar a un máximo de 270 personas durante estancias breves, destinadas a alumnos de la Tesorería General de la Seguridad Social. Sin embargo, el centro atiende de forma indefinida a 564 solicitantes de asilo, más del doble del límite autorizado. Para el Ayuntamiento de Pozuelo, esta situación supone un "riesgo cierto de hacinamiento", tal como recoge su escrito al juzgado.
Además, la licencia concedida en 2013 establece que cualquier cambio de actividad, reforma sustancial o modificación del uso debe ser comunicado al Ayuntamiento de Pozuelo y requiere solicitar una nueva autorización. Según el consistorio, ninguna de estas obligaciones se ha cumplido.
Un uso distinto al autorizado y ampliado sin permiso
La Tesorería General de la Seguridad Social cedió el inmueble al Ministerio de Migraciones en marzo de 2022 para atender "única y exclusivamente" la emergencia derivada de la guerra de Ucrania. No obstante, en septiembre de 2023 el Gobierno convirtió esas instalaciones en un recurso estable y de carácter general para solicitantes de asilo de otros países, sin tramitar licencia alguna y ampliando de facto un uso que solo estaba previsto para una situación puntual.
El ayuntamiento también reprocha que el Ejecutivo haya insinuado en dos ocasiones su intención de utilizar este mismo centro para acoger a menores extranjeros no acompañados, un escenario que finalmente no se materializó tras la advertencia de Pozuelo a la Comunidad de Madrid y a la Fiscalía de Menores.
Decisión pendiente de la Justicia
Durante los cuatro meses transcurridos desde que se decretó el cierre, el Ministerio de Migraciones no ha tomado medidas para regularizar la situación por la vía administrativa y se ha limitado a recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa, solicitando la suspensión cautelar de la orden municipal. Según explica el consistorio, el recurso del ministerio, presentado el 17 de noviembre, no llegó al ayuntamiento hasta el 24 de diciembre, retraso que ha alargado los plazos judiciales más allá de la fecha prevista para el cierre.
La alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, considera que la actuación del Gobierno "confirma que no solo se ha incumplido la ley, sino que se insiste en seguir haciéndolo", y califica de temerario que se permita alojar tantas personas:
Casi 600 personas donde no caben ni la mitad, sin licencia y saltándose todas las normas.
Tejero afirma confiar en la Justicia y asegura que el consistorio está dispuesto a llegar "hasta donde haga falta".
