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El Ayuntamiento de Pinto amenaza con cerrar un centro de menores extranjeros si no acredita su licencia municipal

El Ayuntamiento de Pinto exige la licencia de actividad a un centro de menores extranjeros instalado en un chalet unifamiliar. El Consistorio advierte de que la falta de autorización previa supone una infracción grave y da un plazo de 15 días para presentar la documentación antes de su cierre.

Ayuntamiento de Pinto
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El Ayuntamiento de Pinto ha dado un ultimátum a la entidad privada que gestiona un centro de acogida de menores extranjeros no acompañados en un chalet del municipio. El consistorio ha requerido formalmente toda la documentación que acredite el uso de la vivienda para este fin y advierte de que, si en un plazo de 15 días no se demuestra el cumplimiento de la normativa, se iniciará un expediente para el cese inmediato de la actividad.

Infracción urbanística y falta de comunicación

La polémica estalló a principios de abril, cuando los vecinos alertaron de la situación. Según los técnicos municipales, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Pinto establece que el uso principal de dicho inmueble es el de residencial unifamiliar. Aunque el uso asistencial o de centros de acogida podría ser compatible bajo ciertas categorías, la normativa exige obligatoriamente una autorización expresa previa y la correspondiente licencia de actividad, documentos que no constan en el ayuntamiento.

La falta de estos permisos constituye una infracción grave según la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Fran Pérez, ha subrayado que ni los Servicios Sociales ni los asistenciales tenían conocimiento alguno de la implantación de este centro, financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Duro ataque al Gobierno de España

Desde el Gobierno municipal han lamentado la "opacidad" del Ejecutivo central en la gestión de estos centros. Fran Pérez ha criticado que el Gobierno de España "reparta a estos menores sin criterio y sin informar previamente a las administraciones locales", calificando la actuación como un "ataque a la autonomía local" reconocida en la Constitución.

El concejal de Urbanismo ha sido tajante al afirmar que, si la entidad gestora no presenta la documentación requerida en el plazo estipulado, el ayuntamiento ejercerá sus competencias para clausurar el chalet, defendiendo el cumplimiento estricto de la legalidad vigente en materia de vivienda y servicios asistenciales.