El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha abierto de forma oficial el plazo de inscripción para una nueva convocatoria pública de subvenciones en materia residencial. El paquete económico, estructurado en tres líneas de actuación bien diferenciadas, está diseñado de forma monográfica para mitigar el impacto de las facturas de suministros básicos entre la población joven, optimizar los índices de eficiencia energética del parque inmobiliario local e impulsar la accesibilidad arquitectónica universal en beneficio de las personas mayores de 65 años o con diversidad funcional reconocidas. La ventanilla para tramitar los expedientes permanecerá abierta a los ciudadanos hasta el 11 de octubre inclusive.
La gestión e instrucción de los diferentes expedientes administrativos correrá a cargo del Instituto Municipal de Vivienda de Fuenlabrada (IMVF). Los vecinos interesados en concurrir a cualquiera de las modalidades fijadas disponen de una doble vía de tramitación: mediante canales telemáticos a través del Registro Electrónico de la sede del IMVF o, de forma presencial, acudiendo a las dependencias técnicas de la entidad local, situadas en el número 11 de la calle Norte del municipio.
Las estadísticas que maneja el consistorio fuenlabreño revelan el calado de estas partidas, dado que a lo largo de la convocatoria del pasado año alrededor de 1.500 familias de la ciudad se beneficiaron directamente de las transferencias directas, con un volumen de fondos agregados que superó el medio millón de euros públicos invertidos.
Aumento del 75% en el presupuesto de accesibilidad
La partida destinada a reformas de accesibilidad integral en bloques de viviendas colectivas y residencias privadas cuenta este año con un presupuesto asignado de 350.000 euros, un indicador que representa un incremento del 75% con respecto a los fondos consignados en el ejercicio anterior.
En este tramo del bando, las cuantías públicas máximas para intervenciones estructurales, como el rebaje de portales y la construcción de rampas de acceso, se han incrementado hasta igualar el tope fijado para los proyectos de instalación de nuevos ascensores, alcanzando un importe de hasta 20.000 euros por expediente. Dicha dotación económica puede escalar hasta un máximo de 25.000 euros en aquellos supuestos donde las comunidades de propietarios ejecuten de forma simultánea dos o más actuaciones de reforma recogidas en la normativa local. En paralelo, las microayudas enfocadas en la sustitución de bañeras por platos de ducha experimentan un alza de carácter técnico, pasando de 1.000 a 1.200 euros por inmueble.
Placas solares y blindaje a los gastos energéticos juveniles
La segunda gran línea regulada por el IMVF se enfoca en la transición ecológica y la eficiencia de los hogares, un capítulo técnico dotado de un presupuesto inicial de 100.000 euros de capital público. Las comunidades de vecinos que tramiten la implantación de sistemas fotovoltaicos comunitarios e instalaciones solares colectivas podrán aspirar a una subvención de hasta 5.000 euros. Por su parte, en el caso de las solicitudes destinadas al despliegue de paneles solares individuales o individuales domésticas, la subvención máxima se establece en 1.200 euros por beneficiario, una cuantía idéntica a la dispuesta en el catálogo oficial para sufragar la sustitución de carpinterías y ventanas exteriores obsoletas por modelos de mayor aislamiento térmico.
Por último, el tercer pilar del decreto municipal introduce medidas de protección social para la juventud local mediante una bolsa de fondos de 200.000 euros para combatir la pobreza energética. Este fondo de contingencia está dirigido de forma exclusiva a jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, y contempla coberturas directas que pueden llegar a financiar hasta el 70% del coste total acumulado en las facturas de electricidad y gas domésticos. La adjudicación y porcentaje de estas subvenciones se baremará en función de las circunstancias socioeconómicas y la situación familiar acreditada por los solicitantes, fijándose un techo máximo de retorno económico de 1.200 euros por unidad de convivencia.
