La patronal argumenta que la diversidad de criterios entre territorios genera desigualdades y dificulta la planificación de servicios esenciales, especialmente en un sector clave para garantizar la movilidad de estudiantes y trabajadores.
La directora de ANETRA, Carmen González, subraya que un acuerdo marco nacional de contratación pública permitiría establecer parámetros claros sobre duración de contratos, revisión de precios, estándares de seguridad y calidad del servicio, beneficiando tanto a empresas como a usuarios.
La dispersión actual de criterios genera desigualdades, inseguridad jurídica y un aumento innecesario de la litigiosidad. Un marco común aportaría estabilidad, eficiencia y previsibilidad para las administraciones, las empresas y los usuarios.
Según Anetra, el transporte escolar no solo asegura la seguridad de los menores, sino que también contribuye a la conciliación familiar y a la igualdad de oportunidades. Sin embargo, la falta de normativa unificada provoca que cada región aplique criterios distintos en precios, calidad y condiciones de contratación, complicando la operación de empresas y la planificación por parte de las administraciones.
Revisión del transporte discrecional
Además del escolar, Anetra ha reclamado que se regulen también los servicios de transporte discrecional y temporal, como los viajes de estudiantes, trabajadores o eventos especiales, para ofrecer alternativas eficientes al vehículo privado. Según la patronal, este tipo de regulación favorecería la eficiencia del sector y la capacidad de respuesta a la demanda en distintas regiones, al tiempo que protege a los operadores que actualmente se enfrentan a normas fragmentadas y a la competencia de servicios no regulados.
Anetra insiste en que un marco común no solo garantizaría la seguridad y calidad de los desplazamientos, sino que también aportaría estabilidad económica al sector, impulsando su sostenibilidad y contribuyendo a la transición hacia modelos de movilidad más colectivos y sostenibles, como plantea la Ley de Movilidad Sostenible.
Carmen González recordó que la Ley de Movilidad no termina con su publicación y que son ahora las comunidades autónomas las que deben decidir si apuestan por una movilidad alineada con los objetivos climáticos y sociales o si mantienen un modelo que sigue favoreciendo el uso del vehículo privado.
Reconocer al transporte discrecional como lo que es, una pieza estratégica de la movilidad, es una decisión inaplazable.
