La Comunidad de Madrid ha denunciado públicamente una batería de decisiones y actuaciones del Gobierno central que, a su juicio, suponen un trato perjudicial hacia la región y hacia los madrileños en ámbitos clave como la financiación autonómica, los servicios públicos, la energía, las infraestructuras o la imagen institucional.
Desde el Ejecutivo autonómico sostienen que estas medidas responden a una estrategia política que sitúa a Madrid en una posición de desventaja frente a otras comunidades, especialmente aquellas gobernadas por fuerzas independentistas que sustentan al Gobierno de España.
Críticas a la financiación autonómica y a la deuda con Madrid
Uno de los principales reproches se centra en el modelo de financiación autonómica que el Gobierno central está negociando. Según el Ejecutivo madrileño, la propuesta de una financiación singular para Cataluña supondría un perjuicio directo para Madrid, con una diferencia estimada de 483 euros más por habitante en favor de los catalanes.
A ello se suma la deuda que, según la Comunidad de Madrid, el Estado mantiene con la región por prestaciones y servicios públicos ya asumidos. Esta cifra superaría los 10.500 millones de euros, de los cuales casi 2.500 millones corresponden al sistema de dependencia, un ámbito especialmente sensible por su impacto directo en personas mayores y dependientes.
Impuestos, autonomía fiscal y fondos europeos
El Gobierno autonómico también critica que el Ejecutivo central pretenda incluir en el nuevo sistema de financiación una cláusula que limite la capacidad de Madrid para bajar impuestos, una de las señas de identidad de su política económica. Desde la Comunidad consideran que esta medida vulnera la autonomía fiscal recogida en el marco constitucional.
En materia de financiación europea, Madrid denuncia ser la comunidad que menos fondos europeos ha recibido por habitante, pese a su peso económico y demográfico, lo que, según el Ejecutivo regional, limita su capacidad de inversión y desarrollo.
Transporte, energía y grandes inversiones estratégicas
Otro de los puntos de fricción es el transporte público. Desde la Comunidad se ha acusado al Ministerio de Transportes de atacar la imagen de Metro de Madrid utilizando fotografías que no corresponderían a la red madrileña, sino a la de otra capital europea.
En el ámbito energético, el Ejecutivo regional advierte de que el cierre de centrales nucleares impulsado por el Gobierno central podría comprometer la seguridad energética de Madrid, al tratarse de instalaciones que contribuyen de forma relevante al suministro de la región.
Asimismo, la Comunidad denuncia que las nuevas exigencias medioambientales impuestas a los centros de datos podrían frenar inversiones por valor de 23.000 millones de euros, afectando al posicionamiento de Madrid como polo tecnológico y digital del sur de Europa.
Polémicas institucionales y memoria histórica
Entre los agravios señalados figura también la retirada del Ejército español de los actos del 2 de mayo, una decisión calificada de inédita por el Ejecutivo madrileño, así como la vinculación de la sede de la Presidencia regional con el franquismo en aplicación de la Ley de Memoria Democrática.
La Comunidad considera que estas decisiones suponen un intento de deslegitimar símbolos e instituciones autonómicas y generar un relato negativo sobre Madrid desde instancias estatales.
Migración y uso de medios públicos
Por último, el Gobierno madrileño critica la política migratoria del Ejecutivo central, especialmente el reparto de menores extranjeros no acompañados, que, según denuncia, se estaría diseñando de forma desigual y perjudicial para Madrid.
También acusa al Gobierno de utilizar la televisión pública estatal para desprestigiar a la Comunidad, citando informaciones sobre las residencias de mayores que, a su juicio, ofrecen una visión parcial y politizada de lo ocurrido durante la pandemia.
