El desahucio ejecutado el pasado 14 de enero en una vivienda de la calle La Dolorosa, en Villaverde, ha abierto una fuerte crisis social y política en el distrito. La Asociación Vecinal La Unidad de Villaverde Este ha emitido un comunicado muy duro en el que acusa a las instituciones de “dejadez e incapacidad” para garantizar el derecho a la vivienda y proteger a familias en situación de extrema vulnerabilidad. La expulsión de una mujer de 65 años y de sus dos nietas, huérfanas por violencia machista, ha sido calificada por el colectivo como “un fracaso estructural del sistema” y no como un error puntual.
La entidad señala directamente al Juzgado de Primera Instancia nº 100 de Madrid, al conjunto de las administraciones públicas y al fondo inmobiliario Circleville SL, propietario de la vivienda. Según la asociación, el lanzamiento se produjo a pesar de que Servicios Sociales del Ayuntamiento había remitido al juzgado un informe de vulnerabilidad, lo que, a su juicio, agrava la gravedad de lo ocurrido. Además, denuncian que la abogada del turno de oficio no se personó en el momento del desahucio, imposibilitando cualquier tipo de negociación o suspensión in situ.
En su comunicado, la AV La Unidad subraya que “el sistema ha fallado por partida doble”. Por un lado, por la desprotección de dos menores cuya madre fue asesinada por su pareja, que ni siquiera recibían ayudas básicas como el comedor escolar. Por otro, por la falta de voluntad política para evitar que una vivienda acabe tapiada y vacía mientras una familia queda en la calle. “Detrás de este fallo no hay un error puntual, sino una realidad estructural: la vivienda, lejos de ser tratada como un derecho, sigue siendo gestionada como una mercancía”, afirma el colectivo.
La asociación critica el papel de los grandes tenedores y fondos de inversión, a los que acusa de acumular viviendas con fines especulativos sin atender a la situación de las familias. En este caso concreto, aseguran que la familia ni siquiera pudo contactar con el fondo para conocer con claridad la deuda reclamada. Paralelamente, señalan la falta de recursos habitacionales públicos, la privatización de servicios sociales y la excesiva burocratización como factores que impiden respuestas rápidas y efectivas ante situaciones de emergencia residencial.
La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha respaldado estas críticas y ha exigido explicaciones formales tanto al Ministerio de Justicia como a la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid por la actuación del juzgado. Su presidente ha reclamado garantías de que un caso así “no vuelva a repetirse”, especialmente cuando hay menores y víctimas de violencia machista involucradas.
Más allá de la denuncia institucional, La Unidad hace un llamamiento a la organización y la lucha colectiva como única vía para frenar desahucios en situaciones de vulnerabilidad. En relación con esta familia, la asociación ha habilitado un canal de contacto (launidaddevillaverde@gmail.com) para coordinar ayudas y conocer sus necesidades inmediatas.
El colectivo enmarca este caso en un contexto más amplio de crisis habitacional en Madrid, con alquileres al alza, escasez de vivienda pública y una creciente presencia de fondos de inversión en el mercado residencial. Para La Unidad, mientras no se produzcan cambios estructurales, los desahucios seguirán priorizando el beneficio económico frente a la protección de derechos básicos y de la infancia.
