La Comunidad de Madrid ha anunciado que analizará "todas las vías jurídicas y administrativas" para depurar posibles responsabilidades de un grupo de trabajadores del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales (Infoma) que actualmente se encuentra en huelga.
El Ejecutivo regional considera que la actuación de este colectivo durante la actual emergencia de interés nacional podría haber comprometido el funcionamiento del dispositivo desplegado para hacer frente a los incendios.
El Gobierno regional habla de una estrategia de "chantaje"
En un comunicado, el Gobierno autonómico sostiene que alrededor de 60 bomberos forestales, pertenecientes a un colectivo formado por unos 2.100 profesionales, mantienen una estrategia de "chantaje" en plena emergencia.
Según la Comunidad de Madrid, este grupo estaría intentando condicionar la organización del operativo y trasladar una imagen que, a juicio del Ejecutivo, no refleja el funcionamiento real de los servicios de emergencia.
El conflicto surge tras un comunicado de los bomberos forestales
La decisión del Gobierno regional llega después de que varios bomberos forestales difundieran un comunicado en el que denunciaban la falta de vehículos para desplazarse a los incendios desde la Dirección General de Emergencias.
Asimismo, anunciaron a través de las redes sociales que acudirían "por su cuenta" a los incendios para colaborar en la protección de la población, al considerar que existía falta de órdenes y de medios.
La Comunidad defiende la cadena oficial de mando
Frente a esas afirmaciones, la Comunidad de Madrid sostiene que la movilización de recursos en una emergencia de estas características debe realizarse exclusivamente a través de la cadena oficial de mando y desde los parques y retenes asignados.
El Gobierno regional argumenta que este procedimiento resulta imprescindible para garantizar la coordinación del operativo y la seguridad de las intervenciones.
El Ejecutivo asegura que los trabajadores conocen sus destinos
La Comunidad afirma que estos trabajadores conocen los destinos asignados para la campaña, ya que fueron aceptados con la firma de sus contratos y la adjudicación de sus plazas.
Según la versión del Ejecutivo autonómico, los huelguistas permanecen en la Dirección General de Emergencias, situada en Las Rozas, en lugar de incorporarse a sus bases operativas, desde donde se activan los medios del Infoma.
Además, rechaza que exista falta de recursos y considera que trasladar ese mensaje contribuye a generar alarma social en un momento especialmente delicado.
Posibles responsabilidades por afectar al servicio público
La Comunidad de Madrid señala que ha mantenido diversas negociaciones con este colectivo y que ha planteado mejoras económicas dentro del marco legal vigente.
No obstante, considera que no es aceptable utilizar una emergencia de esta magnitud para incrementar la presión sobre la Administración.
Por ello, el Ejecutivo estudiará la adopción de medidas administrativas y legales si concluye que determinadas actuaciones han podido afectar al servicio público, dificultar el trabajo de los dispositivos de emergencia o poner en riesgo la seguridad de las personas y del patrimonio natural.
Reconocimiento al resto del operativo
Por último, la Comunidad de Madrid ha trasladado su reconocimiento al conjunto de profesionales y voluntarios que participan en las labores de extinción de los incendios y en la protección de la población afectada por la emergencia.
