Las asociaciones vecinales de Carabanchel, especialmente las vinculadas al barrio de Comillas, han mostrado su malestar tras la cuarta visita institucional de Isabel Díaz Ayuso a las obras de ampliación de la línea 11 de Metro, celebrada este martes y nuevamente sin la presencia de los colectivos afectados. Tanto la Asociación Vecinal Parque de Comillas como la Asociación de Familias del Colegio Perú reclaman mayor transparencia y participación ciudadana en un proyecto que consideran de enorme impacto para la salud y el entorno.
El epicentro de esta megaobra se encuentra rodeado de viviendas antiguas y del CEIP Perú, un colegio público construido en 1955 en el que estudian alrededor de 650 menores de entre 4 meses y 12 años. Las entidades aseguran que llevan dos años solicitando sin éxito la creación de una comisión de seguimiento, con representación vecinal, institucional y técnica, similar a las establecidas en grandes proyectos como Mahou-Calderón.
Durante este tiempo, los colectivos solo han logrado mantener una reunión formal el pasado 1 de diciembre con el director general de Infraestructuras de Transporte Público, Miguel Núñez, y la subdirectora general, Marta Galayo. Según indican, en el encuentro se informó de que la ampliación no entrará en funcionamiento hasta 2028 y que la tuneladora quedará ensamblada en enero para iniciar pruebas en febrero, con el objetivo de comenzar la perforación en marzo.
No obstante, las asociaciones lamentan que sus demandas principales continúan sin respuesta, especialmente aquellas relacionadas con la protección ambiental y sanitaria. Reclaman la instalación de medidores de ruido y partículas tanto en el colegio como en el entorno de la obra, propuesta que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento han rechazado. Para Elena Sigüenza, portavoz vecinal, una reunión en dos años es insuficiente ante el alto impacto en la vida del barrio.
Entre las preocupaciones más urgentes, los colectivos destacan el tránsito de camiones de gran tonelaje frente al CEIP Perú en horas de entrada y salida escolar, una situación que solicitaron limitar y que, según denuncian, aún persiste. Consideran que la falta de mecanismos de seguimiento impide trasladar estos problemas con eficacia y prevenir riesgos para los menores.
Las asociaciones reclaman una respuesta institucional que permita participación real, transparencia y control ambiental, recordando que la ampliación de la L11 transformará el barrio durante los próximos años y que la comunidad afectada debe formar parte activa del proceso.
