El Ayuntamiento de Madrid ha defendido que el desalojo de los apartamentos municipales para mayores San Francisco, situados en el barrio de La Latina, cuenta con el respaldo de dos resoluciones judiciales. El Consistorio sostiene que las obras de rehabilitación integral del edificio son imprescindibles por motivos de seguridad y recuerda que los residentes podrán regresar una vez finalicen los trabajos.
El Consistorio asegura que existen dos resoluciones favorables
El Gobierno municipal ha explicado que el proceso de desalojo está respaldado por dos autos judiciales que autorizan la entrada en las viviendas para ejecutar el traslado de los últimos residentes que permanecían en el inmueble. Según el Ayuntamiento, estas resoluciones avalan la actuación administrativa emprendida para iniciar la rehabilitación integral del edificio.
Desde el Consistorio insisten en que la actuación responde exclusivamente a razones de seguridad, tras detectarse problemas estructurales que hacen incompatible la permanencia de los vecinos durante las obras.
La reforma busca garantizar la seguridad del edificio
El Ayuntamiento sostiene que la rehabilitación permitirá subsanar las deficiencias estructurales del inmueble y adaptar las instalaciones para garantizar unas condiciones adecuadas de habitabilidad. Asimismo, mantiene el compromiso de que los usuarios puedan regresar a los apartamentos una vez concluyan los trabajos de reforma.
La mayor parte de los residentes aceptó el traslado temporal en fases anteriores del proceso, mientras que los últimos ocupantes acudieron a los tribunales para intentar paralizar el desalojo.
Continúa la polémica entre el Ayuntamiento y los vecinos
El procedimiento ha generado críticas por parte de asociaciones vecinales y colectivos de apoyo a los residentes, que cuestionan la necesidad de vaciar completamente el edificio y reclaman alternativas que permitan compatibilizar las obras con la permanencia de los mayores en sus viviendas.
El Ayuntamiento rechaza estas acusaciones y afirma que la actuación se ajusta a la legalidad, cuenta con el aval judicial y responde al objetivo de garantizar la seguridad de los ocupantes y recuperar unas instalaciones que requieren una intervención integral.
