Enrique Ríos (FSIE): “No puede haber profesores de primera y de segunda dentro del mismo sistema público educativo”

La educación vuelve a ocupar un lugar central en el debate público español. La discusión sobre la financiación del sistema educativo, el papel de la enseñanza concertada, la libertad de elección de las familias o las condiciones laborales de los docentes se ha convertido en uno de los grandes campos de confrontación política. Sin embargo, detrás de los titulares y los discursos partidistas existe una realidad cotidiana que afecta a miles de profesionales y millones de alumnos.

Para analizarla, conversamos con Enrique Ríos, secretario de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), la organización mayoritaria de la enseñanza privada y concertada en España. Desde su experiencia al frente de un sindicato que agrupa a cerca de 35.000 afiliados y más de 7.500 representantes de los trabajadores, Ríos defiende la necesidad de abordar con rigor cuestiones como la reducción de la carga lectiva de los docentes de la concertada, la financiación real de los centros sostenidos con fondos públicos o el creciente protagonismo de la Formación Profesional.

A lo largo de la entrevista también reflexiona sobre el modelo educativo español, la utilización política de la enseñanza y los desafíos que marcarán el futuro de uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad.

Para quienes no conozcan todavía FSIE, ¿qué es exactamente la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza y cuál es su papel dentro del sistema educativo español?

FSIE es un sindicato independiente de enseñanza, un sindicato profesional constituido por y para profesionales del sector educativo. Quienes formamos parte de esta organización conocemos perfectamente la realidad de los centros porque somos trabajadores de ellos.

Representamos a docentes de centros concertados y privados, a profesionales de la educación infantil y también a trabajadores de centros de atención a personas con discapacidad. Esa vinculación directa con la realidad educativa es una de nuestras principales señas de identidad.

Además, mantenemos una estructura muy cercana a los trabajadores. Desde el secretario general hasta cualquier representante sindical seguimos teniendo contacto permanente con los centros, atendiendo consultas, visitando colegios, acompañando a los delegados y escuchando las inquietudes de los profesionales.

Muchas veces digo que aquí los cargos son más bien cargas, porque entendemos que la representación sindical debe estar pegada al terreno y no alejada de la realidad cotidiana de quienes trabajan en las aulas.

¿Qué dimensión tiene actualmente la organización?

Somos el principal sindicato de la enseñanza privada en España. Contamos con cerca de 35.000 afiliados y alrededor de 7.500 delegados sindicales en todo el territorio nacional.

Nuestra representación abarca todo el ámbito de la enseñanza privada: educación infantil, enseñanza concertada, enseñanza privada no concertada, universidades, colegios mayores y centros de atención a personas con discapacidad.

De esos más de 7.500 delegados, aproximadamente 6.200 pertenecen al ámbito de la enseñanza concertada, que es también el convenio colectivo de mayor dimensión dentro del sector.

En un contexto de creciente polarización política, ¿cómo define FSIE su posición?

Somos un sindicato independiente. Cada persona tiene sus propias convicciones ideológicas y eso es absolutamente respetable, pero nuestra actividad sindical no está condicionada por ninguna adscripción política. Aquí nos une la defensa de los intereses de los trabajadores de la enseñanza.

A veces resulta curioso que determinadas reivindicaciones se interpreten desde un prisma ideológico cuando en realidad responden exclusivamente a necesidades profesionales y educativas. Nuestra prioridad no es participar en debates partidistas, sino defender a quienes trabajan cada día en los centros educativos.

¿Cuáles son las principales preocupaciones que tiene actualmente FSIE?

En estos momentos hay dos cuestiones que concentran buena parte de nuestro trabajo.

La primera es la reducción de la carga lectiva de los docentes de la enseñanza concertada.

La segunda es la infrafinanciación que sufren los centros concertados que afecta al personal de administración y servicios, a la viabilidad de los centros, así como al funcionamiento general del sistema.

Son dos asuntos distintos, pero estrechamente relacionados porque ambos tienen una incidencia directa sobre la calidad educativa que reciben los alumnos.

La reducción de la carga lectiva se ha convertido en una de las grandes reivindicaciones del sector. ¿Por qué la consideran tan importante?

Porque muchas veces se presenta como una simple reclamación laboral y en realidad es mucho más que eso.

Cuando hablamos de reducir la carga lectiva no estamos hablando únicamente de trabajar menos horas. Estamos hablando de disponer de más tiempo para preparar clases, atender a la diversidad del alumnado, coordinarse con otros docentes, desarrollar proyectos educativos o realizar un seguimiento más personalizado de los estudiantes. Todo eso repercute directamente en la calidad de la enseñanza.

Un profesor que dispone de más tiempo para desarrollar adecuadamente su labor educativa está en mejores condiciones de atender a sus alumnos y de ofrecer una enseñanza de mayor calidad. Por eso insistimos en que esta no es una reivindicación exclusivamente sindical. Es una cuestión que afecta al conjunto de la sociedad.

FSIE sostiene que existe una discriminación entre los docentes de la enseñanza pública y los de la concertada. ¿Dónde radica exactamente esa diferencia?

La propia legislación educativa establece que tanto los centros públicos como los centros concertados forman parte de un único sistema educativo público. Ese es un aspecto fundamental.

Si ambos forman parte del mismo servicio público educativo y están sostenidos con fondos públicos, resulta difícil justificar que existan diferencias tan significativas en determinadas condiciones laborales.

Nosotros defendemos que no puede haber profesores de primera y profesores de segunda. Tampoco alumnos de primera y alumnos de segunda. Si hablamos del mismo sistema educativo público, las condiciones básicas deben ser equivalentes.

¿Qué argumentos jurídicos respaldan esta posición?

Hay varios elementos importantes. Por ejemplo, cuando en 2012 se aprobaron las medidas de ajuste derivadas de la crisis económica, el incremento de la carga lectiva afectó tanto a los docentes de la enseñanza pública como a los de la concertada. Es decir, cuando hubo que aumentar horas, se hizo para todos.

Ahora resulta difícil entender por qué la reducción se plantea únicamente para una parte del sistema. Además, el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre esta cuestión en varias ocasiones.

Algunas comunidades autónomas recurrieron en su día determinadas regulaciones estatales relacionadas con la carga lectiva alegando invasión competencial. El Tribunal Constitucional no sólo avaló la competencia estatal, sino que además señaló la necesidad de un tratamiento homogéneo para todo el sistema educativo público. También el Consejo Escolar del Estado ha recomendado que esta medida se extienda a la enseñanza concertada. Por eso creemos que existen fundamentos sólidos para defender esta reivindicación.

¿Qué consecuencias tiene mantener la situación actual?

La principal consecuencia es que la calidad educativa acaba sosteniéndose gracias al esfuerzo extraordinario de los profesionales. Muchos docentes de la concertada soportan cargas de trabajo muy elevadas. Eso tiene efectos sobre su bienestar emocional, sobre su salud laboral y sobre su capacidad para desarrollar determinadas tareas educativas.

Al final, si queremos que las familias puedan elegir libremente el modelo educativo que consideran mejor para sus hijos, debemos garantizar que todos los centros dispongan de condiciones adecuadas para prestar ese servicio.

La libertad de elección no puede convertirse en un principio meramente teórico.

La otra gran preocupación que plantea FSIE es la financiación. ¿Qué está ocurriendo actualmente?

La infrafinanciación de la enseñanza concertada es una realidad que conoce todo el mundo.

La propia LOE del 2006 estableció la obligación de crear una comisión encargada de analizar el coste real del puesto escolar con la participación de la Conferencia Sectorial de Educación, los agentes sociales y el propio Ministerio de Educación Esa comisión se constituyó en el 2010 y desde el 2011 no se ha vuelto a convocar a pesar de nuestras peticiones.

Estamos hablando, además, de un mandato legal que sigue pendiente de cumplimiento.

¿Cómo afecta esa situación a los centros?

Los centros concertados se financian mediante distintos módulos económicos.

Uno cubre los salarios del personal docente, otros determinados gastos variables asociados al personal y un tercero, conocido como módulo de “otros gastos”, financia el funcionamiento ordinario de los centros. Ahí se incluyen suministros, gastos del personal de administración y servicios, mantenimiento, servicios administrativos y otros muchos imprescindibles para que un colegio pueda funcionar.

El problema es que los costes reales han aumentado de forma muy importante durante los últimos años, especialmente tras la pandemia y el incremento generalizado de la inflación. Sin embargo, las actualizaciones presupuestarias no han seguido el mismo ritmo.

¿Qué consecuencias tiene para los profesionales?

Especialmente para el personal de administración y servicios, las consecuencias son muy preocupantes. Nos encontramos con categorías profesionales cuyas condiciones salariales apenas pueden mejorar porque la financiación disponible es insuficiente.

Hay trabajadores cuyas retribuciones están próximas al Salario Mínimo Interprofesional e incluso determinadas categorías se han visto superadas por él. Esto dificulta enormemente la negociación colectiva y compromete la viabilidad futura de muchos centros.

Por eso insistimos en la necesidad de revisar el modelo de financiación.

“La educación no es un gasto; es una inversión de futuro”

Da la impresión de que España sigue sin abordar la educación desde una perspectiva estratégica de largo plazo.

Creo que ése es uno de los grandes problemas. La educación y la sanidad no pueden considerarse gastos. Son inversiones.

Cuando una sociedad invierte adecuadamente en educación está invirtiendo en productividad, en cohesión social, en igualdad de oportunidades y en crecimiento económico futuro.

Muchas veces escuchamos hablar del coste de determinadas políticas educativas cuando en realidad deberíamos preguntarnos qué retorno generan para la sociedad.

Una educación de calidad produce riqueza y oportunidades durante décadas.

“Cada alumno de la concertada cuesta aproximadamente un 40% menos”

El debate sobre la enseñanza concertada suele estar muy ideologizado. ¿Qué datos considera relevantes para analizarlo?

Hay un dato especialmente significativo. Según las cifras del propio Ministerio de Educación, el coste medio por alumno en la enseñanza pública ronda los 7.300 euros anuales, mientras que la inversión por alumno en la enseñanza concertada se sitúa en torno a los 5.000 euros. Eso supone una diferencia cercana al 40%.

Por tanto, la enseñanza concertada presta un servicio público con un coste significativamente inferior para las administraciones. Y lo hace manteniendo unos resultados académicos que, en términos generales, son positivos y ampliamente reconocidos.

Lo preocupante es que parte de esa eficiencia se sostiene gracias al esfuerzo adicional que realizan los profesionales del sector.

Además, recuerda que el origen de la concertada no fue precisamente una iniciativa de gobiernos conservadores.

Efectivamente. A veces se olvida que el sistema de conciertos educativos nace durante los gobiernos de Felipe González y con José María Maravall al frente del Ministerio de Educación. Es un dato histórico que demuestra que la concertada nació como una herramienta para garantizar el acceso universal a la educación y desarrollar el derecho constitucional de la libre elección de centro por parte de las familias.

Por eso sorprende que hoy se utilice frecuentemente como un elemento de confrontación ideológica.

“La Formación Profesional es una de las grandes apuestas de futuro”

FSIE también ha defendido con firmeza el desarrollo de la Formación Profesional. ¿Cómo valora su evolución?

La Formación Profesional es una de las grandes apuestas de futuro del sistema educativo español.

Durante la última década se ha producido un crecimiento muy importante. El número de estudiantes ha aumentado aproximadamente un 30% y actualmente supera el millón de alumnos.

Estamos hablando de una enseñanza con elevados niveles de empleabilidad y con una capacidad extraordinaria para responder a las necesidades reales del mercado laboral.

¿Cuál es la principal fortaleza de la FP?

Su conexión directa con las empresas. Los centros concertados y privados suelen tener una relación muy estrecha con el tejido productivo y una gran capacidad para adaptarse a los cambios del mercado laboral. Esa flexibilidad facilita que los alumnos adquieran competencias muy demandadas por las empresas y encuentren empleo con rapidez.

La Formación Profesional tiene todavía un enorme margen de crecimiento en España y seguirá ganando protagonismo durante los próximos años.

¿Qué ocurrirá si las reivindicaciones de FSIE siguen sin ser atendidas?

Vamos a seguir trabajando en todos los ámbitos posibles. Nuestra intención es presentar próximamente una queja ante el Defensor del Pueblo y continuar impulsando todas las iniciativas necesarias para defender los derechos de los trabajadores y la calidad del sistema educativo.

Si llegara el caso y determinadas decisiones legislativas vulneraran principios que consideramos esenciales, tampoco descartamos acudir al Tribunal Constitucional.

Y si detectamos incumplimientos legales que puedan afectar a los derechos de docentes, trabajadores, familias o ciudadanos, estudiaremos todas las acciones jurídicas que correspondan.

Nuestro objetivo no es generar confrontación. Nuestro objetivo es contribuir a que España disponga de un sistema educativo mejor, más justo y más equilibrado para todos.