El Portal de Subvenciones de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) confirma que entre 2021 y 2025 se han concedido 4.996 subvenciones a fondo perdido por un total de 49.328 millones de euros, una cifra que equivale a casi 10.000 millones al año en ayudas no reembolsables financiadas con impuestos y deuda pública.
La magnitud del reparto resulta llamativa: la subvención media alcanza los 9,87 millones de euros por expediente, lo que desmonta la idea de que se trata de microayudas sociales y sitúa el grueso del sistema en manos de grandes beneficiarios institucionales y empresariales.
Ministerios que concentran el gran bote
El análisis por departamentos muestra una fuerte concentración del dinero público en muy pocos ministerios. Transición Ecológica lidera el ranking con 16.286 millones de euros, lo que supone aproximadamente un 33 % del total. Le siguen:
Hacienda con 7.384 millones
Industria y Turismo con 5.685 millones
Transportes con 3.624 millones
Solo estos cuatro ministerios acaparan casi el 67 % de todo el dinero repartido. Si se amplía a los ocho primeros, la concentración supera el 90 %, evidenciando que el sistema no está distribuido de forma homogénea, sino que funciona como un embudo.
Subvenciones gigantescas con pocos expedientes
El tamaño medio de los “premios” se dispara en algunos departamentos. Juventud e Infancia ha tramitado solo siete subvenciones, con una media de 20,6 millones de euros cada una. En Inclusión y Seguridad Social, la media roza los 17,6 millones, mientras que en Hacienda supera los 16 millones por expediente.
Esta estructura ha llevado al economista José Ramón Riera a advertir que “hemos sustituido la cultura del esfuerzo y la productividad por la cultura del BOE y del formulario”, en referencia a un modelo económico cada vez más dependiente de la subvención pública.
¿Dónde está el retorno económico?
El problema no es solo la cuantía, sino el impacto real. Tras inyectar 49.300 millones de euros en ayudas directas, la economía española sigue mostrando alta deuda pública, presión fiscal creciente y una productividad estancada. El propio Riera resume el escenario con crudeza: “Si después de gastar decenas de miles de millones seguimos sin mejorar competitividad ni renta per cápita, el fallo no es de recursos, es de modelo”.
A diferencia de la inversión productiva, estas subvenciones no exigen devolución, no implican riesgo para el beneficiario y rara vez incluyen métricas públicas de rentabilidad económica o social. El resultado es un sistema que premia la capacidad de acceder al circuito administrativo más que la innovación o el crecimiento real.
Un país cada vez más dependiente del BOE
El reparto masivo de fondos ha consolidado una economía de dependencia, donde cada vez más sectores esperan el próximo programa de ayudas en lugar de mejorar su eficiencia. El contribuyente financia la ruleta, pero no participa en los premios, ni ve un retorno claro en forma de mejores servicios, menor presión fiscal o mayor prosperidad.
En palabras de José Ramón Riera, “cuando el Estado se convierte en el principal motor económico, lo que se reparte no es riqueza, es poder”. Un poder que, según los datos de la IGAE, se ha traducido ya en casi 50.000 millones de euros en cinco años.
