El Gobierno ha aprobado un nuevo real decreto ley para mitigar el impacto económico derivado del conflicto en Oriente Medio que incluye la prórroga de las ayudas a los carburantes para los hogares y la eliminación progresiva del impuesto sobre la producción de energía eléctrica.
La decisión se adopta tras varios meses marcados por la volatilidad de los mercados energéticos y el incremento del precio del petróleo. Aunque el Ejecutivo considera que el impacto económico del conflicto se ha moderado, mantiene parte del denominado "escudo energético" debido a la incertidumbre que continúa afectando a los mercados internacionales.
Los descuentos se reducirán de forma progresiva
Según ha explicado el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la rebaja sobre la gasolina y el gasóleo se mantendrá durante los próximos meses, aunque con una reducción gradual de las ayudas.
El descuento será de 15 céntimos por litro durante el mes de julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre, siguiendo un calendario de retirada progresiva de las medidas extraordinarias.
No obstante, el decreto incorpora una cláusula automática que permitirá recuperar una ayuda de hasta 20 céntimos por litro si el conflicto internacional se agrava y provoca una nueva escalada del precio de los carburantes.
Se mantienen las ayudas al transporte y al sector agrario
El nuevo paquete de medidas también mantiene las ayudas específicas destinadas al transporte profesional y al sector primario.
En el ámbito agrícola, el Ejecutivo destinará 165 millones de euros adicionales para la compra de fertilizantes, cantidad que se suma a los 500 millones de euros ya movilizados anteriormente para este fin.
Mayor vigilancia sobre los márgenes de las gasolineras
Otra de las novedades del decreto será la implantación de un sistema de control sobre los márgenes comerciales de las estaciones de servicio.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) realizará un seguimiento de los márgenes brutos de las gasolineras con el objetivo de detectar posibles comportamientos anómalos.
Según ha avanzado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, se publicará un listado de estaciones de servicio con prácticas consideradas irregulares y los consumidores podrán presentar reclamaciones cuando detecten posibles abusos.
Eliminación progresiva del impuesto sobre la producción eléctrica
El Consejo de Ministros también ha aprobado una reducción gradual del impuesto sobre la producción de energía eléctrica.
El gravamen, situado actualmente en el 7 %, descenderá hasta aproximadamente el 5 % durante la segunda mitad de 2026, se reducirá al entorno del 3,5 % en 2027 y desaparecerá completamente en 2028.
El Gobierno considera que esta medida contribuirá a abaratar de forma estructural la factura eléctrica de hogares e industrias y favorecerá el desarrollo de las energías renovables y la electrificación de la economía.
Las medidas tendrán una vigencia inicial de tres meses
El conjunto de iniciativas aprobadas tendrá una vigencia inicial de tres meses y supondrá un esfuerzo fiscal estimado de 1.825 millones de euros durante 2026.
A esta cifra se añadirán 2.700 millones de euros derivados de la eliminación progresiva del impuesto sobre la producción de energía eléctrica entre 2027 y 2028, dentro del plan diseñado por el Ejecutivo para mantener medidas de apoyo frente al contexto energético internacional.
