El Gobierno de España intensifica el escudo económico para proteger el sector primario ante las tensiones internacionales. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un segundo real decreto-ley de medidas extraordinarias destinado a paliar las consecuencias de la guerra en Irán sobre el tejido productivo. Esta nueva norma contempla líneas de apoyo específicas para la agricultura, la ganadería y la pesca con una dotación presupuestaria adicional de 230 millones de euros. Estos fondos se suman de forma directa a los 877 millones de euros articulados el pasado 20 de marzo dentro del Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio, elevando el montante global de ayudas directas acumuladas hasta los 1.107 millones de euros.
El paquete normativo responde al carácter estratégico del sector primario para la economía nacional y su papel crítico en la seguridad alimentaria, gravemente condicionados por las distorsiones que el conflicto bélico provoca en los flujos comerciales de materias primas y en la escalada de precios del petróleo, el gas y los insumos agrícolas. Además de beneficiarse de los apoyos generales previstos en el decreto, como las facilidades en el uso del gas natural para procesos industriales de la industria agroalimentaria o cultivos protegidos, las explotaciones del sector accederán a incentivos de impacto directo sobre sus costes de explotación ordinarios.
Prórroga de la bonificación al combustible y ampliación en fertilizantes
Las medidas concretadas por el Ejecutivo central se estructuran en dos grandes bloques de financiación operativa. En primer lugar, se establece una prórroga temporal por un periodo de tres meses adicionales, extendiendo su vigencia hasta el 30 de septiembre, de la subvención de un máximo de 20 céntimos por litro para la adquisición de gasóleo de uso agrícola y para el repostaje de la flota de buques pesqueros, una iniciativa que cuenta con una reserva presupuestaria de 65 millones de euros.
En segundo lugar, el decreto amplía en 165 millones de euros la dotación del fondo de ayuda directa para la adquisición de fertilizantes, de forma que el presupuesto definitivo asignado a esta partida alcanzará los 665 millones de euros al cierre del ejercicio. En paralelo a los incentivos financieros, el texto legal introduce una vertiente de protección ambiental y científica al ordenar la realización de estudios técnicos de urgencia sobre la productividad ecológica de las rías gallegas. Estas investigaciones evaluarán el impacto de las recientes condiciones climatológicas adversas y las dinámicas derivadas del cambio climático sobre los ecosistemas marinos.
