Los datos de Eurostat sitúan el gasto en remuneración de empleados públicos en 182.161 millones de euros en 2025, un máximo histórico que supone 54.493 millones más que en 2018, cuando el coste ascendía a 129.686 millones.
En perspectiva, el salto es contundente. Entre 2008 y 2018 el gasto apenas creció un 8% en diez años, pasando de 120.027 a 129.686 millones. Sin embargo, desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, el aumento ha sido del 40,5% en solo siete ejercicios, lo que equivale a un ritmo medio cercano al 5% anual, frente al 0,8% de la década anterior.
21 millones al día en sueldos públicos
La magnitud del incremento se traduce en cifras difíciles de ignorar. En términos netos, el gasto salarial se ha elevado en más de 7.800 millones de euros cada año, lo que supone alrededor de 21 millones de euros diarios dedicados a engrosar la nómina pública.
El economista José Ramón Riera resume este fenómeno con una frase que se ha convertido en recurrente en sus análisis:
“París bien valía una misa; hoy La Moncloa bien vale 55.000 millones”. Para Riera, el crecimiento del gasto “no es casualidad, es una estrategia política sostenida en el tiempo”.
¿Gestión o compra de paz social?
El debate no se centra en los empleados públicos, sino en el diseño de la política económica. Tal y como señala Riera, “cada euro que se destina a ampliar la nómina pública sale de impuestos, deuda o inflación”, un esfuerzo que acaba recayendo sobre el sector privado, que soporta la mayor parte de la presión fiscal.
En paralelo, la productividad y los salarios en amplias capas del sector privado no avanzan al mismo ritmo, lo que agrava la sensación de desequilibrio entre quien paga el sistema y quien se beneficia directamente de su expansión.
Un cambio de modelo desde 2018
El contraste histórico refuerza la idea de giro estructural. Durante los años posteriores a la crisis financiera, los distintos gobiernos mantuvieron una política de contención del gasto en personal, con subidas muy moderadas. Desde 2018, en cambio, se han encadenado incrementos salariales, ampliaciones de plantilla y mejoras retributivas que han transformado a la Administración en el gran polo de estabilidad laboral del país.
Para Riera, este proceso tiene una lectura política clara: “Convertir al sector público en refugio electoral es una forma de asegurar lealtades en un contexto de incertidumbre económica”.
El coste para el contribuyente
En España hay alrededor de 3,5 millones de empleados públicos, mientras que los cotizantes y contribuyentes que sostienen el sistema superan los 17 millones de personas, además de más de nueve millones de pensionistas. El resultado es que el esfuerzo presupuestario se reparte entre una base amplia, mientras la factura se concentra en una partida cada vez más voluminosa.
El gasto en salarios públicos ya representa uno de los mayores capítulos del presupuesto estatal, y su evolución futura condicionará tanto la política fiscal como la sostenibilidad de las cuentas públicas.
La pregunta que queda en el aire
¿Puede una economía crecer de forma equilibrada mientras el sector público absorbe cada vez más recursos? ¿Es compatible este modelo con una presión fiscal ya elevada y un sector privado que afronta inflación, tipos de interés altos y menor productividad?
La frase de Riera vuelve a resonar: “55.000 millones no son una anécdota, son una estrategia”. Una estrategia cuyo impacto real seguirá marcando el debate político y económico en los próximos años.
