El sistema público de pensiones en España afronta una presión estructural creciente debido al envejecimiento acelerado de la población, el desplome crónico de la natalidad y el incremento del gasto público, factores que lo abocan a la insostenibilidad si no se acometen reformas macroeconómicas profundas. Así lo determina de forma tajante el informe titulado 'Las pensiones en España: análisis crítico y propuestas de mejora', elaborado por el centro de estudios CEU Cefas y coordinado de forma directa por el economista Alejandro Macarrón.
El documento desvela un dato aritmético determinante: España tendría que elevar la edad legal de jubilación hasta los 73 años si pretendiese restablecer la misma proporción de trabajadores en activo por cada perceptor de prestación que existía en el mercado laboral hace 50 años. Los investigadores recuerdan que el actual mecanismo de reparto se diseñó originalmente para una pirámide poblacional muy diferente, caracterizada por una base sólida de cotizantes jóvenes y una esperanza de vida significativamente inferior a la registrada en la actualidad.
Brecha entre salarios y pensiones y un déficit oculto por los impuestos
El análisis macroeconómico de CEU Cefas pone el foco en la divergencia de rentas registrada durante los últimos 15 años. Entre los ejercicios de 2010 y 2025, la cuantía de la pensión media en España experimentó un crecimiento acumulado de entre el 65% y el 70%. Por el contrario, el salario medio de los trabajadores en activo apenas se revalorizó en una horquilla de entre el 22% y el 25%, una tasa que sitúa la pérdida de poder adquisitivo de los empleados por debajo del Índice de Precios de Consumo (IPC).
Esta descompensación ha agudizado el déficit estructural de la Seguridad Social, en números rojos de forma ininterrumpida desde el año 2011. El informe detalla que el agujero operativo de la institución escaló hasta los 33.868 millones de euros en 2024, si bien recoge que estimaciones externas , como las desarrolladas por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), elevan dicho desfase contable hasta los 69.783 millones de euros. "Sin el agujero directo de la Seguridad Social, que actualmente se cubre mediante transferencias de impuestos generales y emisión de deuda pública, España habría cerrado el año 2024 con superávit fiscal", asevera el texto del centro adscrito a la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
Inmigración insuficiente y propuesta de un nuevo modelo mixto
Frente a los discursos oficiales, el equipo de expertos advierte de que retrasar la edad de jubilación de forma aislada constituye un alivio contable coyuntural que "se agota en tres años o un poco menos" si no se produce un repunte real de los nacimientos. Del mismo modo, el dossier sostiene que los flujos migratorios actuales no garantizan la sostenibilidad del sistema debido a factores como la baja cualificación media de los perfiles que se incorporan, las reducidas bases de cotización resultantes y la alta tasa de desempleo que penaliza a dicho colectivo.
Para revertir la quiebra técnica del modelo, Alejandro Macarrón, responsable de Estudios y Análisis Social de CEU Cefas, defiende la urgencia de transitar de forma planificada hacia un sistema mixto. En este nuevo esquema, la pensión pública actuaría como una red de garantía de mínimos obligatorios, cediendo peso específico en favor de los fondos de capitalización individual y los planes de empleo corporativos.
Las medidas correctoras propuestas por el centro nacional de estudios se articulan en torno a tres ejes fundamentales de reforma. En primer lugar, se plantea establecer una vinculación demográfica directa, una medida que consiste en ligar el retraso de la edad efectiva de retiro a la evolución real de la esperanza de vida biológica de la población. Asimismo, la propuesta aboga por aplicar un criterio de cómputo global, lo que supondría extender el cálculo de la base reguladora de la prestación económica a la totalidad de la vida laboral del empleado en lugar de seleccionar únicamente los últimos años cotizados. Finalmente, el documento introduce un incentivo denominado premio a la natalidad, diseñado para incrementar la cuantía final de la pensión pública en función del número de hijos que los trabajadores hayan aportado al sistema, un beneficio demográfico que se concibe aplicable de igual modo tanto para los padres como para las madres.
"El problema de las pensiones en España no es ideológico, sino aritmético: cada vez hay menos trabajadores por pensionista", concluye Macarrón, sentenciando que la alternativa real de las administraciones no es decidir si se reforma o no el sistema, sino elegir entre ejecutar una reestructuración ordenada de inmediato o asumir un recorte forzado y traumático en los próximos años.
