España ha incrementado su gasto público en 30.131 millones de euros en los nueve primeros meses del año, pese a que los ingresos también han crecido con fuerza por la subida de impuestos y cotizaciones, según los datos oficiales de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
Los ingresos han aumentado gracias a 22.323 millones más en impuestos y 9.938 millones adicionales en cotizaciones sociales, pero ese repunte no ha sido suficiente para compensar la expansión del gasto, lo que ha dejado un déficit oficial de 17.702 millones de euros a cierre de septiembre.
El economista José Ramón Riera advierte de que “el problema no es gastar más, sino gastar mal y en partidas permanentes que luego no se pueden recortar cuando cambia el ciclo”, una situación que, a su juicio, compromete la estabilidad de las cuentas públicas a medio plazo.
Las partidas que más se disparan
El incremento del gasto se concentra en capítulos considerados estructurales, aquellos que generan compromisos estables a largo plazo:
Prestaciones sociales: +13.489 millones
Salarios públicos: +3.781 millones
Intereses de la deuda: +1.757 millones
Subvenciones: +1.414 millones
Estos datos reflejan que el grueso del aumento no se destina a inversión productiva, sino a sostener una estructura cada vez más pesada de transferencias, nóminas y costes financieros.
Déficit pese a récord de recaudación
El resultado es que, a pesar de la presión fiscal creciente, el Estado sigue gastando muy por encima de lo que ingresa. Riera resume el escenario con contundencia: “Cuando el ciclo económico se gire y los ingresos caigan, no habrá colchón para sostener esta estructura”.
El economista alerta además de que buena parte de este aumento se consolida como gasto fijo, lo que reduce drásticamente el margen de maniobra de futuros gobiernos.
Fondos prometidos y ayudas pendientes
En paralelo, distintas voces críticas recuerdan que, según los datos de la propia IGAE, de los 14.300 millones prometidos para la reconstrucción tras la DANA en Valencia, apenas se habrían transferido alrededor de 3.500 millones en el plazo de un año, lo que supone solo el 25% de lo anunciado.
Este desfase entre compromisos políticos y ejecución presupuestaria refuerza la sensación de que el modelo actual se basa en promesas de gasto que no siempre se materializan, mientras la deuda y el déficit siguen creciendo.
Un modelo difícil de revertir
La combinación de subidas fiscales, aumento del gasto estructural y un déficit persistente dibuja un escenario delicado para las finanzas públicas. Tal y como señala José Ramón Riera, “hemos convertido el gasto público en una estructura rígida de burocracia, subsidios e intereses que es muy difícil de desmontar”.
Con una economía real que no crece al mismo ritmo que el gasto y con compromisos futuros aún sin contabilizar plenamente, el riesgo es que España se encuentre sin margen de reacción cuando el contexto económico deje de ser favorable.
