La Comunidad de Madrid ha reforzado su estrategia para frenar la proliferación de urbanizaciones ilegales en la Vega del Tajuña, una zona de elevado valor agrícola y ambiental. La actuación más reciente ha supuesto el derribo de dos edificaciones en el municipio de Chinchón, tras el incumplimiento reiterado de las resoluciones administrativas dictadas por las autoridades competentes.
La intervención ha sido desarrollada por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, a través de la Dirección General de Urbanismo, dentro de las actuaciones contempladas en el Plan de Inspección y Disciplina Urbanística del Ejecutivo autonómico.
Un entorno agrícola sometido a un progresivo deterioro
Las construcciones demolidas se encontraban en una parcela clasificada como suelo no urbanizable protegido, un espacio históricamente dedicado a cultivos de regadío y considerado de especial interés por su productividad agrícola.
Según la Comunidad de Madrid, este entorno viene sufriendo en los últimos años un proceso de deterioro provocado por el abandono de la actividad agraria y la aparición de edificaciones residenciales dispersas incompatibles con la normativa urbanística vigente.
Además, la parcela afectada se encuentra en una zona condicionada por la contaminación derivada de vertidos a cauces públicos, donde la legislación prohíbe expresamente tanto la construcción de viviendas como las parcelaciones urbanísticas.
Detectada una parcelación ilegal con 25 subparcelas
De forma paralela a los derribos, la Dirección General de Urbanismo ha identificado una parcelación ilegal dividida en 25 subparcelas independientes, que carecen de cualquier título habilitante.
Los técnicos han constatado la existencia de movimientos de tierra, pozos de agua y anuncios de venta de parcelas, indicios que, según la Administración regional, evidencian un proceso activo de comercialización y transformación del suelo.
La Comunidad advierte de que, de consolidarse esta situación, se estaría configurando una urbanización residencial ilegal en suelo protegido, algo incompatible con la normativa urbanística y medioambiental vigente.
Por este motivo, ya se han iniciado los correspondientes expedientes para el restablecimiento de la legalidad urbanística y los procedimientos sancionadores, tras practicarse las primeras notificaciones a los responsables.
Operativo coordinado para garantizar la actuación
En el desarrollo del operativo han participado técnicos de la Subdirección General de Inspección y Disciplina Urbanística junto con efectivos de la Guardia Civil de Morata de Tajuña y Chinchón y agentes de la Policía Local del municipio.
La presencia de los distintos cuerpos ha permitido garantizar el correcto desarrollo de las actuaciones y la seguridad de todos los intervinientes durante la ejecución de los derribos.
Trece derribos ejecutados en menos de un año
La Comunidad de Madrid ha destacado que estas actuaciones forman parte del actual Plan de Inspección y Disciplina Urbanística, que ha permitido ejecutar 13 derribos en menos de un año.
De esas actuaciones, tres se han realizado mediante ejecución subsidiaria por parte de la Administración regional y otras diez han sido llevadas a cabo de forma voluntaria por sus responsables.
Más de 170 inspecciones y decenas de expedientes abiertos
Los datos del plan reflejan también una intensa actividad inspectora en materia urbanística. Durante este periodo se han realizado 173 inspecciones, se han incoado 66 expedientes de disciplina urbanística, 65 procedimientos sancionadores, además de tramitarse 83 requerimientos de información, 308 diligencias previas y 14 expedientes de ejecución subsidiaria.
Protección del territorio y seguridad jurídica
La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ha insistido en que este tipo de construcciones ilegales generan importantes perjuicios para el territorio, favorecen la degradación de espacios con alto valor ambiental y agrícola y provocan situaciones de inseguridad jurídica para los ciudadanos.
Con estas actuaciones, el Ejecutivo autonómico mantiene su objetivo de preservar la Vega del Tajuña y evitar la consolidación de desarrollos urbanísticos no autorizados en espacios especialmente protegidos de la región.
