Este dato refleja un panorama de amenazas creciente en el país, en el que los ciberdelincuentes han intensificado sus acciones en los últimos meses. La cifra corresponde exclusivamente a ataques considerados relevantes por su impacto potencial en organizaciones, infraestructuras o datos, y no a la totalidad de los incidentes registrados a nivel general.
Contexto de amenazas digitales
El informe destaca que este volumen de ciberataques forma parte de una tendencia más amplia en la que los riesgos digitales se han convertido en una preocupación clave para empresas y administraciones. En 2025, el número total de incidentes de ciberseguridad gestionados en España superó los 122.000, según datos del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), lo que supone un aumento del 26% respecto a 2024.
Además de los ataques graves identificados por NTT Data, otros análisis muestran que las amenazas relacionadas con malware, phishing, accesos no autorizados y explotación de vulnerabilidades tecnológicas han mantenido una elevada actividad durante todo el año, afectando tanto a empresas como a usuarios finales.
Sectores más afectados y tendencias
Aunque el informe de NTT Data no detalla la distribución por sectores, estudios complementarios sugieren que áreas como la industria manufacturera, la ingeniería y la administración pública han sido particularmente golpeadas por ataques graves, incluidos secuestros de datos (ransomware) y otras formas de intrusión con fines económicos.
La incorporación de tecnologías como la Inteligencia Artificial en las tácticas de los atacantes ha contribuido a la sofisticación de las campañas y a la automatización de estrategias maliciosas, lo que plantea retos adicionales en la protección de datos y sistemas críticos.
Desafíos de la ciberseguridad
La elevada cifra de incidentes significativos subraya la importancia de avanzar en estrategias de ciberseguridad más robustas y adaptativas para empresas y administraciones en España. Expertos en el sector destacan la necesidad de combinar medidas preventivas, formación técnica y respuestas coordinadas entre organismos públicos y privados para mitigar el impacto de estos ataques.
El contexto actual también implica una mayor inversión en tecnología de defensa digital y una adopción más amplia de prácticas como la detección temprana de amenazas, la gestión de vulnerabilidades y la resiliencia operativa ante posibles brechas de seguridad, elementos considerados esenciales para afrontar un panorama de amenazas cada vez más complejo y dinámico.