El Tribunal Supremo ha solicitado a la Audiencia Nacional que asuma la investigación de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y de Javier Herrero, exdirector general de Carreteras, por su presunta implicación en una trama de amaño de contratos públicos, en el marco del llamado ‘caso Koldo’.
La decisión, recogida en un auto judicial firmado por el magistrado Leopoldo Puente, instructor del caso en el Alto Tribunal, se produce tras analizar el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que revela “indicios consistentes” de su participación en un entramado delictivo liderado presuntamente por Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE; el exministro José Luis Ábalos; y su exasesor Koldo García.
Según el juez, tanto Pardo de Vera como Herrero habrían jugado un papel clave como facilitadores de adjudicaciones irregulares, permitiendo que “las adjudicaciones proyectadas pudieran llegar a buen término”, actuando conforme a las directrices del entonces ministro de Transportes. En este esquema, Koldo García sería el enlace entre los altos cargos políticos y los técnicos responsables de los expedientes de contratación, proporcionando “de manera inmediata la información necesaria”.
El Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, encargado del procedimiento que afecta a los no aforados en esta causa, será previsiblemente quien asuma la investigación sobre ambos ex altos cargos, al no estar aforados.
Además de trasladar la responsabilidad investigadora, el Supremo ha pedido la remisión de toda la documentación relativa a once licitaciones presuntamente manipuladas, repartidas entre:
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ADIF: obras en San Feliú de Llobregat, El Mayor Murcia, Monforte y Asturias.
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Dirección General de Carreteras: proyectos en Logroño, Sevilla, Asturias, Úbeda, Teruel y Camino de Santiago.
Este nuevo giro judicial profundiza el alcance del ‘caso Koldo’, ampliando su foco a la presunta red de corrupción institucionalizada que habría operado dentro del Ministerio de Transportes y sus organismos dependientes, y cuyas implicaciones políticas y penales continúan escalando.
